Bruselas aprueba la última adenda del plan de recuperación, que rebaja los préstamos a 22.700 millones, un 72% menos de lo asignado inicialmente

La Comisión Europea aprobó este miércoles la última adenda al plan de recuperación presentada por España, que rebaja a 22.700 millones de euros los préstamos que solicitará el país, un 72,6 % menos de los que se le habían asignado inicialmente.

La modificación no afecta, sin embargo, al volumen de subvenciones, un total de 79.800 millones de euros que el Gobierno prevé ejecutar al 100% y de las que hasta el momento se han recibido unos 55.000 millones.

Según explicó esta mañana el ministro de Economía, Comercio y Empresa español, Carlos Cuerpo, en una comparecencia en la Comisión Mixta para Asuntos Europeos del Congreso para informar precisamente de los avances del plan de Recuperación, con esta adenda comienza la "fase final" del despliegue de un plan que habrá supuesto una inyección en apenas cinco años en la economía española de más del 6 % del PIB.

El ministro explicó que la decisión de renunciar a más de un 70 % de los préstamos es "racional" y "lógica" teniendo en cuenta que "el coste de acceder a esta red de seguridad en préstamos europeos se ha cerrado con respecto al coste de promover una red de seguridad nacional, doméstica, propia".

Respecto a las reformas, detalló que se han eliminado 17 con rango de ley, aunque doce de ellas no están relacionadas directamente con retos estructurales de la economía española, como pueden ser la ley del cine y la ley de modernización de la pesca, mientras que las cinco restantes se sustituyen por otras de similar ambición en ámbitos como vivienda, sanidad o inclusión.

En la adenda también se eliminan hitos intermedios "para dar más flexibilidad", se reduce la carga documental acreditativa y se refuerzan las prioridades estratégicas mediante la reprogramación de fondos y la incorporación de nuevas inversiones, indicó.

Entre los hitos del plan se mantiene la subida de la fiscalidad del diésel, que tendría que adoptarse como muy tarde en enero para cumplir con el plazo ampliado ofrecido por Bruselas.

La evaluación adoptada por la Comisión detalla que España ha pedido enmendar 85 medidas que ya no eran alcanzables "parcialmente" por circunstancias objetivas, como la falta de demanda, la inflación o los problemas en cadenas de suministros, así como otras 72 para simplificar su implementación o reducir la carga administrativa.

Además, España ha pedido usar los recursos que liberarán estos cambios para incluir nuevas medidas, en particular relativas al apoyo comercial, al refuerzo de sus contribuciones al sistema de superordenadores EuroHPC y a la Agencia Espacial Europea, y de apoyo a la transición verde.

También para reforzar inversiones como el plan de mejora de la eficiencia del riego y los subsidios para proyectos estratégicos de vehículos eléctricos y para la descarbonización.

Tras el visto bueno de la Comisión Europea, que ha llegado en apenas una semana, los países de la UE cuentan ahora con cuatro semanas para aprobarlo.

Bruselas había pedido a todos los socios que revisasen sus planes de recuperación con el fin de aprovechar el máximo los fondos disponibles, en particular las subvenciones, antes de que el fondo expire el 31 de agosto de 2026, y les ofreció flexibilidad para usarlos.

La Comisión instó a centrarse en las medidas que puedan implementarse a tiempo, ampliar aquellas de mayor éxito y sustituir las que no se puedan lograr por otras más eficaces, así como a transferir fondos a otras partidas o vehículos de inversión para poder usarlos durante más tiempo.