Bruselas expedienta a España por impedir a las aerolíneas cobrar por el equipaje de mano

La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción a España por no permitir que las aerolíneas "apliquen cargos adicionales por el transporte de ningún tipo de equipaje de mano", lo que el Ejecutivo entiende que contraviene la normativa comunitaria.

Bruselas señala en un comunicado que la legislación europea "garantiza la libertad de las aerolíneas para fijar sus precios" y añade que, en base a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el equipaje de mano "debe de ser, en principio, gratuito, siempre que cumpla unos requisitos razonables en cuanto a peso y dimensiones y respete las normas de seguridad aplicables".

"El equipaje de mano que exceda esos requisitos razonables queda sujeto a la libertad de precios de las aerolíneas", extremo que no aplica España, que ha sancionado a cinco compañías aéreas por ese motivo, lo que también vulneraría la reglamentación comunitaria, añade la Comisión.

Esta circunstancia "restringe su libertad para fijar precios y para diferenciar entre un servicio que incluye un mayor límite de equipaje de cabina y otro que no ofrece esa posibilidad y únicamente contempla el volumen mínimo necesario para el transporte", agrega el Ejecutivo.

La Comisión Europea también subraya que España "ha impuesto sanciones a cinco aerolíneas por su política de aplicar cargos separados por el servicio de transporte de equipaje adicional en cabina" y sostiene que también infringen la normativa, al estar basadas en la citada sentencia del TJUE conforme a la legislación española de navegación aérea.

Bruselas ha enviado a España una carta de emplazamiento instándole a adaptar la normativa y Madrid dispone ahora de dos meses para responder y subsanar las diferencias y, en caso de respuesta insatisfactoria, la Comisión emitiría un dictamen motivado, segundo paso del procedimiento de infracción.

Conflictos previos

La apertura del expediente a España se produce después de un enfrentamiento público entre el ministro español de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y el máximo responsable de Ryanair, Michael O'Leary, una de las aerolíneas sancionadas en España con una multa de 107 millones de euros.

Ryanair ha recurrido la sanción y O'Leary, que llegó a llamar a Bustinduy "ministro loco comunista", ha presionado desde entonces al comisario europeo de Transporte y Turismo Sostenible, el griego Apostolos Tzitzikostas.

El pasado septiembre, Bustinduy afeó a Tzitzikostas que accediera a reunirse con O'Leary antes que con él y, tras improvisar el comisario una videollamada con el responsable español, el ministro le pidió que no "desoiga su obligación de defender los derechos de los pasajeros".

En paralelo, las instituciones de la Unión Europea están tramitando una actualización de las normas de derechos de los pasajeros, sin que haya aún acuerdo entre Consejo de la UE (los países) y el Parlamento Europeo.

A la hora de fijar su posición, el Consejo centró el debate en el número de horas de retraso que deben dar lugar a una indemnización al viajero, mientras que la Eurocámara defiende que los pasajeros en la UE puedan embarcar en la cabina del avión con un bulto y una maleta pequeña gratuitamente.