La jornada laboral de 35 horas en la Administración del Estado se aplicará desde marzo

Los sindicatos confían en que este acuerdo actúe como "punta de lanza" para que el avance alcance también al resto de asalariados

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Funcionarios en una oficina de atención ciudadana.
Funcionarios en una oficina de atención ciudadana. / Europa Press
Agencias

Madrid, 18 de febrero 2026 - 12:42

La jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado entrará en vigor en marzo, una vez sea aprobado en la mesa general, según UGT, que confía en que esto actúe como "punta de lanza" para que el avance alcance también al resto de asalariados.

La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha considerado este miércoles en un encuentro informativo "una vergüenza" que el Congreso de los Diputados rechazara hace menos de un año la reducción de la jornada máxima legal a 37,5 horas, porque ello habría incidido en la salud de los trabajadores, la calidad de la producción y la estabilidad del empleo.

"Se ha perdido una oportunidad importantísima, histórica", ha dicho Araque, quien ha considerado que los convenios colectivos que no pacten esa jornada laboral "cometerán un error de base".

Y sobre las 35 horas para el personal de la Administración del Estado ha dicho que "quienes piensan que es un agravio comparativo y no una punta de lanza están pensando en otra cuestión que no es el bienestar de los trabajadores y la marcha de los sectores", ha dejado claro.

Además, ha apuntado al impacto que esas 35 horas para el sector estatal tendrá en otras administraciones autonómicas, como la Comunidad de Madrid, que dijo que no la aplicaría hasta que lo hiciera el Gobierno.

En la reunión mantenida ayer de la comisión permanente de negociación de la Administración General del Estado se decidió elevar la jornada laboral de 35 horas semanales a la mesa general, que se reunirá en las próximas semanas con el objetivo de que la resolución sea publicada antes de que termine marzo.

Esta jornada se aplicará ya en marzo a todo el personal de la Administración General del Estado y del sector público estatal, con la excepción de Instituciones Penitenciarias y los docentes y sanitarios de Ceuta y Melilla, que requieren además de una instrucción específica.

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