Andalucía consolida su posición en autoconsumo pese a la contracción nacional del sector
La comunidad es la segunda del país por potencia instalada, con 1.775 MW pero sólo ha abonado el 38% de las ayudas concedidas a la instalación
Andalucía acelera para alcanzar el objetivo de las 2.000 instalaciones de autoconsumo colectivo a finales de 2026
El autoconsumo fotovoltaico atraviesa una fase de madurez que confirma su aportación al sistema eléctrico pero también expone los límites de un crecimiento que encadena tres años consecutivos de contracción en España. Los datos del Informe Anual del Autoconsumo Fotovoltaico y Almacenamiento 2025, elaborado por la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA Renovables), sitúan a Andalucía como una de las comunidades clave del mapa energético distribuido: el territorio concentra 1.775 MW de potencia total instalada –solo por detrás de Cataluña– y alcanza 145 MWh de capacidad de almacenamiento detrás del contador, una cifra que también la posiciona en segundo lugar a nivel nacional. Estos valores revelan la dimensión adquirida por el autoconsumo en la región y muestran hasta qué punto su desarrollo se ha convertido en un elemento estructural del avance de la transición energética.
El informe recoge que en España se instalaron 1.214 MW de nueva potencia en 2025, un 15% menos que el año anterior, con 846 MW en el segmento industrial y comercial y 368 MW en el residencial. La potencia acumulada asciende ya a 9.590 MW y el autoconsumo aporta el equivalente al 4,1% de la demanda eléctrica, tras generar 10.550 GWh aprovechados a lo largo del año. En términos estrictamente andaluces, la comunidad vuelve a situarse entre los territorios con mayor implantación tanto por volumen de instalaciones como por capacidad total alcanzada, aunque el documento no desglosa indicadores de producción regional, energía no aprovechada, ahorros específicos ni impacto económico autonómico.
Andalucía, segunda comunidad por potencia y almacenamiento
El análisis autonómico incluido en el informe permite conocer el reparto territorial de la potencia de autoconsumo y el avance del almacenamiento detrás del contador, dos magnitudes que reflejan la profundidad del proceso en cada región. Con 1.775 MW, Andalucía confirma su posición como uno de los principales polos de autoconsumo del país. Cataluña lidera este apartado con 1.812 MW y la Comunidad Valenciana ocupa la tercera posición con 1.204 MW. Este podio suma aproximadamente la mitad de la potencia nacional instalada, lo que demuestra la especial concentración geográfica del despliegue.
La relevancia de Andalucía no se limita a la potencia instalada: la comunidad alcanza 145 MWh de capacidad de almacenamiento, situándose de nuevo en segundo lugar por detrás de Cataluña, que registra 259 MWh. El crecimiento nacional del almacenamiento –339 MWh en 2025, un 119% más que el año anterior– tiene un reflejo claro en el territorio andaluz, donde estas soluciones comienzan a consolidarse como palanca para sortear restricciones de red, elevar el autoconsumo efectivo y mejorar la resiliencia del suministro. En este terreno, el informe subraya que el almacenamiento ha dejado de ser un elemento accesorio y se ha convertido en una pieza central de la estrategia energética de hogares y empresas, especialmente tras episodios como el cero energético de abril.
Tres años de contracción y un sector que reclama certidumbre
La caída del 15% en nueva potencia instalada durante 2025 confirma una tendencia que ya se había manifestado en 2023 y 2024. APPA Renovables atribuye esta evolución a varios factores: la desaparición de las ayudas europeas en parte del tejido empresarial, la volatilidad de los precios horarios del mercado eléctrico, la mayor canibalización solar y la persistencia de barreras estructurales en las redes de distribución. El informe señala que el sistema dejó sin aprovechar 2.183 GWh en 2025 –el 21,5% del potencial anual del autoconsumo– debido a limitaciones de red, restricciones operativas y configuraciones obligatorias de anti-vertido que impiden trasladar excedentes al sistema.
El valor económico de esa energía no utilizada asciende a unos 82 millones de euros y eleva a 599 millones el total acumulado de pérdidas desde 2015. La Asociación reclama una fiscalidad más favorable para revertir la contracción sostenida y recuperar el ritmo necesario para alcanzar los 19 GW que marca el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para 2030. Entre las medidas señaladas figuran deducciones mínimas del 25% en el IRPF o en el Impuesto sobre Sociedades para instalaciones de autoconsumo y almacenamiento, además de mayor certidumbre regulatoria, simplificación administrativa y un refuerzo efectivo de la capacidad de las redes.
Andalucía avanza en ayudas, pero solo ha abonado el 38% de los expedientes resueltos
El documento incorpora también un seguimiento del grado de ejecución del Programa de Ayudas del RD 477/2021, financiado con fondos del Plan de Recuperación. En este apartado, Andalucía ha efectuado pagos por 112.099.703 euros, lo que representa el 38% del presupuesto ya resuelto. La cifra la sitúa por debajo de comunidades como Madrid (72%) o Castilla y León (65%) y por encima de territorios con porcentajes más reducidos como Canarias (28%) o la Región de Murcia (15%).
La fecha límite para que todas las ayudas estén abonadas es el 30 de junio de 2026. En un contexto donde el autoconsumo ha demostrado su capacidad para reducir la factura eléctrica de hogares y empresas –189 euros por kilovatio instalado en residencial y 133 euros en industrial según las estimaciones nacionales del informe–, el ritmo de ejecución de estas ayudas resulta determinante para consolidar la confianza de los beneficiarios y evitar un cierre en falso de los fondos europeos.
El peso de Andalucía en la radiografía nacional pone de manifiesto que la comunidad se ha convertido en uno de los pilares del autoconsumo en España: segunda por potencia instalada, segunda por almacenamiento y con un volumen de ayudas significativo ya en proceso de pago. Estos datos describen un tejido regional donde el autoconsumo ha dejado de ser una tendencia incipiente y se ha transformado en un elemento estructural de la transición energética. La incógnita reside en si el marco fiscal, la red y la regulación permitirán aprovechar plenamente la capacidad que el territorio ya tiene instalada y sostener el ritmo que exige la próxima década.
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