Aplazado el juicio de Acerinox contra los sindicalistas de ATA por la huelga en Los Barrios

Los Barrios/El Juzgado de lo Social de Algeciras ha acordado posponer el juicio por presunta huelga ilegal previsto para el próximo lunes, 19 de mayo, en el que Acerinox reclama cerca de 30 millones de euros a seis delegados del sindicato ATA y uno de CGT por la inactividad de la planta durante los más de cuatro meses de huelga el pasado año. La compañía ha solicitado el aplazamiento de este litigio y de otros dos que mantenía con el comité de empresa para evitar su influencia en el recién iniciado proceso de elecciones sindicales.

En el documento remitido por el juzgado en el que se informa del aplazamiento de la vista, al que ha tenido acceso este periódico, se explica que con la decisión de posponer se pretende optimizar los recursos judiciales y de las partes participantes en la causa. Además, destaca que esto espera reducir el riesgo de sucesivos litigios en caso de cambios en la representación laboral al estar a las puertas de la renovación de los miembros del comité de empresa. Un portavoz de Acerinox, a preguntas de esta redacción, ha ratificado la petición de aplazamiento hasta después de la celebración de las elecciones sindicales para evitar su influencia en el proceso.

ATA ha publicado un comunicado en sus redes sociales en el que manifiesta que rechaza el aplazamiento del juicio y acusa a la empresa de querer beneficiar con ello a otros sindicatos con vistas a las elecciones sindicales, fechadas para el próximo 17 de junio. El sindicato asegura que mantiene la convocatoria de la concentración de apoyo a los delegados denunciados prevista para el próximo lunes por la mañana.

El pleito de la siderúrgica contra ATA no es el único que la empresa ha pedido aplazar para evitar su coincidencia en el tiempo con el proceso electoral. Acerinox ha hecho lo propio con otras dos causas de conflicto colectivo que seguían abiertas, en las que el comité de empresa reclama el abono de unas pagas extra pendientes y el reconocimiento como parte de la jornada del tiempo de colocación de los equipos de protección, según explican fuentes sindicales. De hecho, apuntan estas mismas fuentes, la intención manifestada por la compañía es la de resolver ambos asuntos fuera de los tribunales.

La denuncia

A los pocos días de iniciarse el conflicto por el convenio colectivo en la planta de Palmones (Los Barrios), en febrero de 2024, Acerinox acusó a ATA, uno de los cinco sindicatos del comité de empresa y principal impulsor de la huelga, de haber roto el compromiso de paz social acordado entre la patronal y los sindicatos que fue firmado en el Sercla el 25 de abril de 2023. En este pacto, los sindicatos y la patronal se comprometían a no convocar movilizaciones mientras durara el proceso de negociación del nuevo convenio colectivo.

La multinacional consideraba que este acuerdo tenía fuerza vinculante, por lo que entiende que la convocatoria de huelga que se mantuvo hasta finales de junio fue ilegal y, por ello, presentó una denuncia en vísperas del inicio de las movilizaciones. Acerinox cifró en 180.000 euros las pérdidas diarias por la huelga, más los daños al mobiliario urbano e instalaciones durante las semanas de la acampada en las inmediaciones de la fábrica. En la presentación de resultados anuales de 2024, la compañía cifró en 84 millones de euros el impacto en su balance contable del paro laboral.

"Represión sindical"

El portavoz parlamentario de Adelante Andalucía, José Ignacio García, tachó este miércoles de "barbaridad” las pretensiones de la compañía y su actuación contra los delegados de ATA, que ha calificado como un caso de "represión sindical". “Queremos denunciar este caso de represión sindical que nos parece especialmente grave, y por eso vamos a llevar este asunto al Parlamento de Andalucía”, ha afirmado García.

García valoró que los trabajadores encausados “lo único que hicieron fue ejercer su derecho a huelga, y ahora se enfrentan a una demanda de 30 millones de euros. Imaginaros lo que supone eso”. Según ha explicado, la empresa pretende que los miembros del comité de huelga “se hagan cargo de todas las pérdidas económicas derivadas del paro, algo completamente injustificable”.

“Esto es un caso claro de represión a trabajadores que solo están luchando por sus derechos, además de aguantar que algunos de ellos hayan sido despedidos. Es una auténtica barbaridad que debería estar en boca de todos”, denunció el portavoz de Adelante Andalucía.

Este jueves, en el Parlamento de Andalucía, José Manuel Jurado, parlamentario de Por Andalucía, se sumó a las reclamaciones contra el litigio señaló que la denuncia supone una "criminalización de la lucha sindical", afeando a la consejera de Economía, Carolina España, que celebre acuerdos con la empresa.