Santa Bárbara recurrirá ante el Supremo los contratos de artillería adjudicados a Indra y Escribano por más de 7.200 millones

Santa Bárbara Sistemas, filial española de General Dynamics European Land Systems (GDELS), tiene previsto impugnar ante el Tribunal Supremo los dos grandes contratos de artillería que el Ministerio de Defensa adjudicó a finales de diciembre a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), por un importe total de 7.240 millones de euros.

La compañía sostiene que el procedimiento de adjudicación y la financiación pública asociada vulneran la normativa y comprometen su capacidad competitiva en el mercado nacional durante la próxima década.

Estrategia jurídica

La intención de recurrir se suma a la estrategia jurídica que la empresa mantiene desde octubre, cuando presentó ante el Supremo un primer recurso para solicitar la nulidad (y la suspensión cautelar) del real decreto que regula la concesión directa de préstamos estatales para los Programas Especiales de Modernización (PEM).

Ese recurso, ya admitido a trámite, cuestiona los 3.000 millones de euros en créditos a interés del 0% concedidos por el Ministerio de Industria a la UTE de Indra y Escribano para prefinanciar los programas de artillería. Según el propio tribunal, estos préstamos suponen cerca del 45% del valor total de los contratos.

Los dos programas afectados -el sistema de artillería autopropulsada sobre ruedas (ATP Ruedas) y el de cadenas (ATP Cadenas)- son los de mayor cuantía tramitados por Defensa hasta la fecha. El primero asciende a 2.686 millones de euros, con una prefinanciación de 1.181 millones; el segundo, a 4.554 millones, acompañado de un préstamo de 1.821 millones.

Los argumentos de Santa Bárbara

Santa Bárbara denuncia que no fue invitada al procedimiento negociado sin publicidad ni concurrencia mediante el cual se adjudicaron ambos contratos, pese a ser, según argumenta, “el único fabricante español de sistemas de artillería” y la empresa líder en vehículos de combate terrestre.

La compañía sostiene que esta exclusión, unida a la concesión directa de préstamos a la UTE, le causa un “perjuicio irreparable” y limita de forma significativa sus posibilidades de competir en España en los ámbitos que constituyen su actividad principal.

Críticas a Indra y Escribano

En su argumentación, la empresa subraya que Indra y Escribano “carecen de experiencia, recursos o productos equivalentes” en el segmento de artillería, y advierte de que la ejecución de los préstamos y contratos condicionará a toda la industria de defensa española durante la próxima década, afectando también a su proyección internacional.

El Supremo ha rechazado, por el momento, la petición de Santa Bárbara para habilitar como laborables los días comprendidos entre el 24 de diciembre y el 6 de enero con el fin de acelerar la resolución de las medidas cautelares.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo continúa analizando la solicitud de suspensión de los préstamos, paso previo a la eventual impugnación formal de las adjudicaciones, que la compañía aún no ha presentado.