Seis de cada diez empresas andaluzas promueven la inclusión de personas con discapacidad

Málaga/En Andalucía existen actualmente 400.000 personas con discapacidad en edad de trabajar, pero menos de una de cada tres de ellas tiene un empleo. Una estadística aún más negativa en los casos de salud mental, en los que solo está empleada una de cada cinco personas. Las cifras, puestas sobre la mesa durante la presentación del II Estudio de Contratación Social en Andalucía elaborado por UNEI, empresa líder en inclusión social, con el apoyo de la consejería de Empleo, Empresa y Trabajo de la Junta de Andalucía, dan muestra del trabajo que aún queda por hacer para conseguir la integración plena de las personas con discapacidad en nuestra sociedad.

En este contexto se enmarcan los resultados del estudio, que desvela que más del 60% de las empresas andaluzas está desarrollando estrategias para planificar la inclusión laboral de personas con discapacidad más allá de los porcentajes fijados por la Ley General de Discapacidad (un 2% en empresas de 50 o más trabajadores), bien sea de forma directa o a través de la contratación social, o que ocho de cada diez de las compañías encuestadas califica de alto o muy alto su nivel de concienciación en relación a la diversidad y la inclusión en sus plantillas de trabajadores.

El estudio, elaborado con datos de un centenar de empresas andaluzas de las ocho provincias (el 20% de ellas de la provincia de Málaga) de más de cien trabajadores, supone la primera muestra cuantitativa para analizar el grado de cumplimiento de la ley en el tejido empresarial de la región así como la implicación de las compañías en esa 'cultura de la contratación social', y continúa el trabajo iniciado en el primer estudio de UNEI. De la muestra que compone el estudio, algo menos de la mitad (el 44,8%) ya está sistematizando la identificación de candidaturas de personas con discapacidad en sus procesos de selección y un 56,2% implanta criterios sociales en la contratación externa a través de empresas sociales o Centros Especiales de Empleo (CEE).

Sobre la Ley General de Discapacidad

La totalidad de las empresas ve adecuado que exista una Ley General de Discapacidad y una inmensa mayoría (por encima del 90%) considera que está contribuyendo al fomento de la inclusión y a una mayor sensibilidad hacia la inclusión en el tejido empresarial andaluz. Además, siete de cada diez empresas ven adecuado el porcentaje de reserva de empleo para personas con discapacidad previsto por la ley y casi un 30% piensa que podría ser incluso más alto. Al respecto, algo más de la mitad de las empresas participantes en el estudio (el 51,4%) cumple con ese mínimo legal, pero solo el 18,9% supera el mismo.

La presentación del estudio estuvo presidida por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, quien valoró en su intervención inicial el trabajo y los objetivos de UNEI antes de afirmar que "mientras no haya igualdad no habrá una inclusión real", antes de dar paso Rafael Cía, director general de UNEI e Inma Ponce, directora de Estrategia y Marketing de la empresa dedicada la inclusión de personas con problemas de salud mental y otras discapacidades en el mercado laboral, en una rueda de prensa que estuvo traducida a lenguaje de signos.

Rafael Cía habló de la importancia de este estudio, como un instrumento de "mejora y consulta en el sector" para visibilizar la discapacidad en el tejido empresarial y en el ámbito laboral y puso en valor que, "a pesar de los datos, ocho de cada diez empresas están muy concienciadas con la integración laboral y están haciendo muchas cosas para avanzar. Seis de cada diez ya lo tienen integrado en sus estrategias y muchas están muy cerca de hacerlo". Cía afirmó que los datos extraídos del informe ayudarán a las empresas a "superar barreras" a la hora de encontrar estos perfiles profesionales y también a la administración pública, "que podrá cotejar con sus estadísticas de empleo la voz de las empresas". El estudio además, concluyó Cía, "debe contribuir a la escalabilidad de empresas sociales como UNEI para que podamos continuar con nuestra labor de divulgación y de incorporación de las personas al mercado laboral".

Ponce, por su parte, explicó el porqué del enfoque cuantitativo de este segundo estudio, tras basarse el primero en las opiniones de quince empresas andaluzas "y es que como muchas una opinión no vale y sabíamos que el camino era cuantificativo, para tener una muestra suficiente de la que sacar conclusiones". Ahondó la directora de Marketing de UNEI en las ventajas competitivas que reporta la contratación social, como son la mejora de la reputación, la cultura de valores, el impacto social, la mejora de la creatividad y el liderazgo frente la incidencia negativa que pudieran tener en la productividad o la rentabilidad. "La contratación social es una herramienta para transformar realidades", afirmó Ponce antes de solicitar "visibilidad" y desvelar otro de los aspectos del estudio: el 60% de las empresas que contratan a través de CEE o empresas sociales lo hacen para puestos de logística y limpieza.

El trabajo de la Junta en la contratación social

La secretaria general del Servicio Público de Empleo y Formación de la Junta, Victoria Martín Lomeña, cerró el acto señalando el estudio como un "instrumento fantástico" para que su consejería desarrolle nuevas políticas en función de sus conclusiones, recordando el reciente estudio de la Universidad de Sevilla sobre el retorno que supone la contratación social: cada euro invertido supuso un retorno de 3,3 euros el pasado año 2024. Martín Lomeña ensalzó al tejido productivo andaluz y su incorporación a esta contratación social, aunque reconoció que "aún queda mucho por hacer, hay que seguir dando pasos", asegurando que la administración también debe hacer más, para a continuación desgranar las líneas de ayudas del Gobierno andaluz: 110 millones de euros para los Centros Especiales de Empleo, duplicando la inversión desde 2018 para alcanzar a un total de 19.000 beneficiarios; 4,9 millones de euros en líneas de inserción o los 49 millones destinados a la línea 4 del programa Emplea-T centrada en la contratación indefinida ordinaria de personas con discapacidad por parte de autónomos y pymes.

Por último, la secretaria general avanzó que está preparándose una línea de formación para el empleo para personas con discapacidad "para ayudarles a dar el salto hacia el empleo ordinario".