Tranfesa anuncia un ERE en la base de mantenimiento malagueña de Los Prados que afectará a 34 trabajadores

La compañía Transfesa ha notificado a la Confederación General del Trabajo (CGT) el inicio del periodo de consultas para aplicar un despido colectivo en la Base de Mantenimiento Integral (BMI) de Renfe en Los Prados (Málaga). La medida, que se prolongará durante un mes, podría suponer la extinción de 34 contratos y se fundamenta, según la empresa, en razones de carácter organizativo y productivo.

El calendario de reuniones entre las partes comenzará el 27 de agosto, una vez revisada la documentación remitida por Transfesa para sustentar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

Desde el sindicato han anunciado que desplegarán “todas las medidas sindicales y legales” para evitar la pérdida de empleo, al considerar que “no existen causas de producción” que respalden el expediente. Según CGT, esta decisión llega tras una licitación en la que Renfe adjudicó a Vectalia parte de las tareas subcontratadas que actualmente realiza Transfesa.

El sindicato explica que la nueva adjudicataria asumirá, a partir del 1 de septiembre, parte de la carga de trabajo que ahora gestiona la empresa DTA, la cual ya ha comunicado a Vectalia la obligación de subrogar a la plantilla afectada. En cambio, critican que Transfesa haya optado por el ERE con el argumento de que la licitación de Renfe no contempla esa subrogación.

La CGT responsabiliza también a Renfe, a la que acusa de dar un “trato discriminatorio e ilegal” a los 34 empleados afectados. Además, advierte de la falta de personal especializado en el sector ferroviario, un déficit que, según denuncian, repercute en el incremento de averías, retrasos y molestias para los usuarios.

“No tiene sentido ni legal ni práctico el ERE anunciado por Transfesa en Los Prados”, insiste la organización sindical, que ostenta la mayoría de la representación legal en la empresa. CGT subraya que defenderá el derecho a la subrogación como vía para acabar con la inseguridad laboral que, a su juicio, generan las sucesivas licitaciones de Renfe, y acusa a la operadora pública de contribuir a la precarización del empleo en el sector.