Del 'cártel de coches' a la "usura" por financiar la compra del vehículo

El bufete jerezano Roberto Carlos Ortega prepara un aluvión de demandas por supuestos “cobros abusivos” o “usurarios” en la financiación para la compra de vehículos, una práctica “generalizada” en todo el país que implica a entidades financieras y bancarias, y que afecta potencialmente a millones de consumidores, según denuncia esta firma de abogados adscrita al Grupo Laborum.

El despacho ha obtenido en los últimos meses sentencias de nulidad con costas –el cliente se ahorra la minuta de los abogados–, de cuatro casos, los primeros sobre los que interpuso demanda judicial por malas prácticas en el cálculo de la Tasa Anual Equivalente (TAE), principalmente, y por la inclusión de cláusulas abusivas. En estos casos, las financieras han aceptado devolver los importes pagados en concepto de intereses, comisiones de apertura o seguros vinculados a la financiación.

Roberto Carlos Ortega explica que muchos de los clientes que acudieron al bufete en busca de asesoramiento por el llamado ‘cártel de coches’ presentaban también pruebas de irregularidades en sus contratos de financiación. Estos contratos forman parte de la documentación requerida por la firma de abogados a los afectados por ese cártel, sancionado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia con 170 millones de euros y que consistió en un acuerdo entre fabricantes y distribuidores para fijar precios mínimos de los vehículos entre 2006 y 2013.

“Todo empezó con el ‘cártel de coches’, por el que detectamos estos abusos en un 20% de los casos que nos entraron, pero lo más grave es que en los contratos firmados después de 2013 –ya sin el cártel–, estos cobros irregulares se dan en el 85% de los casos”, señala el socio fundador del despacho, que compara este “escándalo” con las cláusulas suelo de las hipotecas por su alcance.

Roberto Carlos Ortega Abogados tiene entre manos más de cien demandas tras lograr la nulidad de los primeros contratos

A diferencia del cártel, que prescribe en 2026, “la reclamación por usura en la financiación no prescribe nunca”, por lo que cualquier afectado que conserve su contrato puede reclamar la nulidad y la devolución de lo cobrado de más.

Carlos Morales, letrado que destapó el escándalo tras un concienzudo trabajo de revisión de la documentación aportada por los clientes, detalla que el importe de las devoluciones por abuso en la TAE suele oscilar entre los 2.000 y los 4.000 euros, cantidad que puede alcanzar los 5.000 euros si se suman otros cobros indebidos (comisión de apertura, seguro…). Sin embargo, en un caso excepcional, una clienta recuperará 13.000 euros, la diferencia entre los 17.000 euros del precio del vehículo y los 31.000 del préstamo contratado.

Además, añade, un mismo cliente puede reclamar por más de un vehículo adquirido con estas condiciones abusivas y sin límite de antigüedad: “Puede pedir la nulidad en todos los coches que haya comprado, desde el primero incluso, con independencia del año en el que se formalizó la compra”.

Morales constató que en muchos de los contratos revisados, el capital prestado superaba el necesario para la compra del coche, y “eso es usura, aunque el cliente ni siquiera lo sabe”, indica este abogado.

La devolución tras las sentencias favorables suele oscilar entre los 2.000 y los 4.000 euros, pero puede alcanzar los 5.000 euros por otros cobros indebidos

Principalmente, detectó irregularidades sistemáticas en el cálculo de la TAE, que debe incluir los gastos y comisiones asociados al préstamo, pero que las financieras omitían, de modo que “lo que en un principio era un 8,7% se convertía en un 12%, y todo ello sin informar al comprador”.

El bufete tiene decenas y decenas de clientes, tanto del ‘cártel de coches’ como de fechas posteriores, que han sido víctimas de la “manipulación de los contratos de financiación”, lo que extrapolado al conjunto del mercado, solo en el último año se traduciría en cientos de millones de euros de sobrecostes.

Desde el despacho advierten de que la compra de vehículos es solo la punta del iceberg, ya que los mismos abusos se reproducen en cualquier producto adquirido mediante financiación, lo que elevaría el importe de las cantidades cobradas de más a cifras ingentes.

Convenio con Ucauce

El despacho jerezano, que también cuenta con sede en Marbella, ha recibido llamadas de muchos puntos del país interesándose por el procedimiento. “Esto solo ha empezado a moverse”, explica Carlos Roberto Ortega, que ha suscrito un convenio con la Unión de Consumidores de Cádiz, Ucauce, a través de la que han canalizado hasta la fecha unos 200 casos del cártel, medio centenar de ellos afectados también por las cláusulas abusivas.

Al hilo de este convenio, el presidente de Ucauce, Pedro Lázaro, ha puesto en marcha una campaña para localizar a más afectados en la provincia de Cádiz, dado que la mayoría de los consumidores desconoce que se puede reclamar.

En este sentido, Carlos Morales apunta que se aprovechan la debilidad del consumidor en un artículo que tiene una demanda rígida como el coche con la connivencia de los comerciales de concesionarias y de vehículos de ocasión, que “siguen el patrón que les marca la financiera para llevarse comisión”.

Tras la buena acogida judicial de las primeras reclamaciones, el bufete trabaja en la formación de un equipo específico para acelerar la tramitación del creciente volumen de casos que tiene entre manos y que presentará de forma escalonada.

Unificación de criterios

Mientras que las sentencias de nulidad de los contratos por las cláusulas abusivas son firmes desde el momento en el que la parte demandada se allana, en el caso del ‘cártel de coches’, la resolución judicial suele demorarse años al agotarse las posibilidades de recurso.

“Pero una y otra vía no son excluyentes; se puede demandar por lo uno y por lo otro”, indica Roberto Carlos Ortega, cuyo despacho ha solicitado al Supremo, en el caso del cártel, la unificación de criterios ante la disparidad de las resoluciones dictadas en distritos judiciales de todo el país.

A modo de ejemplo, esgrime una sentencia de la Audiencia de Las Palmas de Gran Canaria que ha llevado el bufete en la que se condena al fabricante a la devolución del 10% del precio de compra de un vehículo, con costas, mientras que en la Audiencia Provincial de Cádiz se aplica el 5%, “que corresponde al ‘cártel de camiones’ y no con el de coches”.