EEUU autoriza a Repsol a ampliar su actividad en Venezuela

Estados Unidos ha dado un paso decisivo para reactivar el sector de hidrocarburos en Venezuela. El Departamento del Tesoro anunció la emisión de dos nuevas licencias que suavizan de forma significativa las restricciones que pesaban sobre las petroleras extranjeras desde el endurecimiento del régimen sancionador en 2019.

Entre las compañías beneficiadas figura la española Repsol, que podrá reanudar operaciones, ampliar inversiones y preparar proyectos de exploración y producción a gran escala en el país caribeño.

Las medidas forman parte del plan acordado entre Washington y el Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para reabrir progresivamente el mercado petrolífero tras la captura del ex presidente Nicolás Maduro por tropas estadounidenses el pasado 3 de enero.

La Administración de Donald Trump considera que la recuperación del sector energético venezolano es clave para estabilizar la economía del país y atraer capital internacional.

Dos licencias para reactivar el sector

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitió la Licencia General 49, que autoriza la negociación y firma de contratos contingentes para futuras inversiones en Venezuela. Esta licencia permite a empresas como Repsol, Chevron, BP, Shell y Eni preparar proyectos de exploración y producción, aunque su ejecución dependerá de la concesión posterior de permisos específicos.

La segunda autorización, la Licencia General 50, abre la puerta a realizar transacciones directamente relacionadas con operaciones de petróleo y gas con Petróleos de Venezuela (PDVSA) o cualquier otra entidad pública venezolana. En la práctica, supone que las petroleras podrán operar en el país, invertir capital y aumentar su producción, siempre bajo un marco de control muy estricto.

Ambas licencias mantienen vigente el régimen de sanciones, pero flexibilizan su aplicación para permitir que compañías no venezolanas extraigan crudo o amplíen su actividad. En el caso de Repsol y Eni, que ya operan en el sector gasista y mantienen una producción marginal de crudo mediante empresas mixtas con PDVSA, la medida abre la puerta a una expansión significativa.

Condiciones estrictas: jurisdicción estadounidense y prohibición de vínculos con países sancionados

El Tesoro ha establecido un conjunto de requisitos que buscan garantizar la supervisión total de las operaciones. Entre ellos destacan:

• Los contratos deberán regirse por leyes estadounidenses, y cualquier disputa se resolverá en tribunales de Estados Unidos.
• Los pagos a personas o entidades bloqueadas deberán realizarse en cuentas designadas por el Tesoro, como los Foreign Government Deposit Funds establecidos en la orden ejecutiva del 9 de enero.
• Se prohíben los pagos no comerciales, los canjes de deuda, los pagos en oro o cualquier transacción en monedas digitales emitidas por el Gobierno venezolano, incluido el petro.
• Quedan vetadas las operaciones que involucren a personas o entidades de Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba o China, así como cualquier embarcación sancionada por Washington.

Estas condiciones buscan evitar que el alivio de sanciones beneficie a actores considerados adversarios por Estados Unidos y garantizar que los flujos financieros permanezcan bajo supervisión directa.

Repsol, preparada para multiplicar su producción

La petrolera española llevaba meses preparando un escenario de reapertura. Su consejero delegado, Josu Jon Imaz, participó el 9 de enero en una reunión en la Casa Blanca junto a los principales ejecutivos del sector, convocada por la Administración Trump para explorar inversiones destinadas a reflotar la industria venezolana.

Allí aseguró que Repsol estaba lista para “invertir con fuerza en Venezuela” y triplicar su producción de crudo en dos o tres años si se daban las condiciones adecuadas.

Actualmente, la compañía produce unos 45.000 barriles diarios brutos en el país, cifra que podría elevarse hasta los 135.000 barriles con el nuevo marco regulatorio.

Venezuela supone alrededor del 15% de las reservas probadas de Repsol, con más de 250 millones de barriles equivalentes de petróleo. Su exposición patrimonial en el país ascendía a 330 millones de euros a 30 de junio, principalmente vinculados a financiación de filiales, inversiones en el proyecto gasista Cardón IV y cuentas por cobrar con PDVSA.

Imaz ha insistido esta misma semana en que Repsol puede desempeñar un papel relevante en el desarrollo económico y social de Venezuela, contribuyendo a aumentar la producción de hidrocarburos y a “abrir la puerta a un futuro mejor” para el país.

El plan de Washington para reconstruir la industria venezolana

La Administración Trump ha dejado claro que su objetivo es atraer inversión privada para reactivar el sector energético venezolano. En la reunión de enero, el presidente instó a las petroleras a movilizar 100.000 millones de dólares de capital propio para impulsar la producción y modernizar infraestructuras.

Las licencias anunciadas esta semana se suman a otras dos emitidas días antes, dirigidas a petroleras con presencia en suelo estadounidense interesadas en operar en Venezuela. El conjunto de medidas configura un marco de apertura gradual, condicionado y supervisado, que busca equilibrar la recuperación económica del país con los intereses estratégicos de Estados Unidos.

Un nuevo escenario para el mercado petrolero venezolano

La flexibilización de sanciones no supone el fin del régimen restrictivo, pero sí marca un cambio de rumbo. Las petroleras extranjeras podrán volver a invertir y operar con mayor seguridad jurídica, mientras que Venezuela aspira a recuperar parte de su capacidad productiva perdida durante la última década.

Para compañías como Repsol, la nueva etapa abre oportunidades relevantes en un país donde ya cuentan con presencia consolidada en gas y crudo. Para Washington, es un paso más en su estrategia de reordenar el tablero energético regional tras la caída del régimen de Maduro.