Bruselas mantiene el expediente a España pese al fracaso de la opa porque la legislación puede ir contra la normativa europea

La Comisión Europea (CE) mantendrá el procedimiento de infracción abierto a España pese al fracaso de la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell, ya que el expediente se refiere a la legislación española utilizada en la operación, que, según Bruselas, podría incumplir la normativa comunitaria.

El Ejecutivo comunitario rehusó pronunciarse sobre el resultado de la operación, pero el portavoz europeo de Servicios Financieros, Olof Gill, dejó claro este viernes que el procedimiento de infracción "continúa".

Gill recordó que el expediente se abrió en relación con ciertas disposiciones de la legislación española que, en opinión de la Comisión, contravienen la normativa europea, en concreto la regulación bancaria por "infringir competencias exclusivas del Banco Central Europeo (BCE) y de los supervisores nacionales" al tiempo que "restringe la libertad de establecimiento y la libre circulación de capitales".

El portavoz rehusó pronunciarse sobre si las condiciones establecidas por el Gobierno para la operación habrían afectado a su viabilidad, pero recordó que el Ejecutivo comunitario considera que la consolidación bancaria, tanto a nivel doméstico como transfronterizo, podría ayudar a mejorar la eficiencia y la estabilidad de las entidades y, por ende, la economía europea.

El posible incumplimiento de la normativa europea

La Comisión Europea abrió en julio un procedimiento de infracción a España por considerar que las leyes utilizadas para evaluar y condicionar la opa del BBVA sobre el Sabadell infringen varias normas comunitarias, entre otras las que garantizan la libertad de establecimiento y de circulación de capitales.

Bruselas ve problemático, en concreto, el modo en que el Gobierno aplicó la Ley de Defensa de la Competencia para imponer condiciones adicionales a la operación porque considera que, en este caso, no cabía elevar al Consejo de Ministros la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que había autorizado la opa con condiciones.

Además, considera que la legislación bancaria española usada en el caso otorga al Ministerio de Economía poderes discrecionales y no limitados para decidir sobre operaciones bancarias, lo que contraviene la legislación comunitaria al socavar la competencia exclusiva del Banco Central Europeo en operaciones como la propuesta por el BBVA.

El Gobierno español tenía dos meses para responder a la carta de emplazamiento que le envió el Ejecutivo comunitario, en principio hasta el 17 de septiembre, pero solicitó una prórroga de seis semanas, que ha sido aceptada por Bruselas, con lo que ahora tiene hasta el 29 de octubre para enviarla.

La comisaria europea de Servicios Financieros, Maria Luís Albuquerque, dijo la semana pasada que el caso "ha evolucionado positivamente" y subrayó que "la decisión del Gobierno español no era intentar impedir la fusión" y que "BBVA estuvo de acuerdo con las condiciones impuestas".

Pero ya precisó que el procedimiento de infracción "sigue en marcha" en relación con las condiciones adoptadas por el Gobierno.