El ascensor averiado: Ayesa y la convergencia andaluza

El último día de 2025 se consumaba una operación preocupante. Ayesa, el mayor grupo tecnológico andaluz, dejaba de serlo: su división digital, valorada en 480 millones de euros, pasaba a manos de un consorcio vasco liderado por el Gobierno de Euskadi, mientras la familia Manzanares, tras seis décadas al frente, liquidaba su participación sin que hubiera resistencia, alternativa local ni voluntad política de evitarlo.

Este caso puede leerse como un síntoma más de la enfermedad estructural que Andalucía lleva décadas sufriendo. Y es que nuestra región se muestra incapaz de retener valor económico de alto nivel una vez este alcanza una escala deseable, un problema que debe entenderse bajo el contexto del fracaso secular de la convergencia regional andaluza hacia la media española.

Durante las décadas de 1960 y 1970, las regiones atrasadas convergieron aceleradamente hacia las más ricas, un proceso que Andalucía lideró, pero que se detuvo en los ochenta y permanece paralizado desde entonces. Hemos crecido en población, empleo y nivel de vida, pero no lo suficiente para recortar las distancias que nos separan del resto de regiones españolas.

No cabe duda de que el primer obstáculo para lograr esa convergencia es la hemorragia de talento. Jaén, por ejemplo, tiene el mayor porcentaje de nacidos que viven fuera de su territorio, un veinte por ciento, mientras Andalucía ocupa el quinto lugar nacional en fuga de cerebros universitarios y se sitúa entre las cuatro regiones con mayor crisis de talento en el sector tecnológico.

Y aquí es donde Ayesa cobra su verdadero significado. Lo grave no es solo haber perdido la sede social, sino que no exista impulso empresarial e institucional capaz de defender activos estratégicos. Mientras el Gobierno Vasco despliega instrumentos financieros, voluntad política y una burguesía comprometida con el arraigo territorial, Andalucía carece de similar potencial, como admitió nuestra consejera al reconocer que la Junta no dispone de herramientas para intervenir. Y sin esto, no hay política industrial posible.

La familia Manzanares hizo lo racional vendiendo cuando la oferta era buena, pero su salida simboliza algo más profundo: la ausencia de compromiso intergeneracional con el territorio. Compromiso que sí existe en el País Vasco, donde capital, territorio y proyecto colectivo permanecen identificados.

Décadas de infraestructuras y transferencias públicas no nos ha ayudado a reducir la brecha. Hemos mejorado, sí; pero no lo suficiente. Necesitamos empresas grandes, innovadoras y arraigadas, e instituciones que tengan la capacidad de defender el tejido productivo local. Puede sonar a intervención, pero yo lo llamo convergencia.