Comunidades infrafinanciadas, sí, ¿y ahora qué?

Entre la pléyade de seminarios que cada año abordan la financiación autonómica en nuestro país, la mayoría tan repetitivos que cuesta encontrar su aportación marginal, merece la pena destacar el reciente foro, hace un par de martes, de comunidades autónomas infrafinanciadas que se celebró en Sevilla. En el mismo participaron, formando un más que pertinente bloque reivindicativo, independientemente de su color político, las Consejeras y Consejeros de Hacienda de las cuatro comunidades con una financiación per cápita inferior a la media dentro del régimen común de financiación autonómica (que convive con el anacrónico foral de Euskadi y Navarra). Por orden, de más a menos infrafinanciadas respecto de dicha media nacional, estuvieron bien representadas, Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha. Juntas representan más del 36% de la población española.

Se trata de regiones cuya ciudadanía es sistemáticamente condenada, desde su nacimiento, de forma arbitraria y fruto de algún peaje político, a recibir menos dinero por habitante para financiar sus servicios básicos, fundamentalmente educación, sanidad y dependencia, así como otras políticas económicas, empezando por las inversiones. Menos dinero para unas comunidades autónomas que, además, son de media más pobres, lo que no es un suceso independiente, sino problemas correlacionados. A igualdad de condiciones, estos territorios necesitarán más recursos para prestar esos servicios ya que, para empezar, cuanto más rica es la región, menos congestionados estarán esos servicios públicos, dado que una mayor proporción de su ciudadanía utilizará la educación o sanidad privada. Además, las regiones más pobres deberán dedicar precisamente mayores recursos económicos para hacer frente a aquellos males sociales estrechamente asociados a menores niveles de renta, desde el fracaso escolar, a la obesidad, pasando por la exclusión social o la pobreza energética.

En resumen, el binomio menor renta per cápita-menor financiación autonómica crea un círculo vicioso que se transforma en lastre para la convergencia económica de esos territorios, gobierne quien gobierne. Un hándicap que pesó como una losa para los antes gobiernos andaluces del PSOE, como ahora lo es para los del PP.

Las aritméticas electorales de nuestro país complican lo indecible que, desde arriba, se acuerde un nuevo sistema de financiación autonómica, lo que obliga a construir mayorías, laboriosamente y desde abajo, con foros como el citado. Informalmente, coincidiendo en el FITUR del pasado año, los presidentes de las cuatro comunidades autónomas infrafinanciadas iniciaron juntos un camino que no debe tener su punto final en este reciente foro. La siguiente parada lógica sería intentar conseguir, a medio plazo, un acuerdo social, emulo del pacto andaluz de 2018, pero que pueda ser aprobado por amplias mayorías en los cuatro parlamentos regionales.

Para empezar, un grupo de trabajo interregional independiente tendrá que montar un solvente documento técnico de mínimos, a partir del máximo común divisor de las demandas de las cuatro regiones. Permítanme que hasta proponga un título para el mismo. Si el documento en el que hace poco más de un año la Generalitat de Catalunya volcó sus legítimas reivindicaciones se titulaba “Financiación singular. Propuesta de financiación justa para Cataluña”, el nuestro podría llamarse “Financiación común. Propuesta de financiación justa para España”.