Federalismo asimétrico

Los 21.000 millones adicionales incluidos en el acuerdo de financiación pactado entre el independentismo catalán y el Gobierno, sin contar con las autonomías, son el cebo tramposo con el que ambos persiguen impulsar el viejo proyecto de federalismo asimétrico, que es la forma culta de llamar a los privilegios territoriales. Más dinero para contratar a médicos y maestros es el falaz argumento que, según el Gobierno, impedirá cualquier oposición a la generosidad de Sánchez. No importan las formas, es decir, la indignidad en el tratamiento de las autonomías llamadas a ser de segunda clase. Tampoco que el dinero sea de todos los españoles, excepto de vascos y navarros, que ya hace tiempo que son de primera, y no del Gobierno ni de Sánchez, y que todos deberíamos decidir sobre su reparto. Lo único importante es que gracias al pacto todos recibirán más dinero, con independencia de que el sistema funcione mejor o peor, que sea más o menos justo o que los servicios públicos difieran en cantidad y calidad según la comunidad. Terminamos olvidando que tan importante como la cantidad es la forma en que se reparte, porque de ello depende la competitividad de los territorios y la desigualdad.

En este enfoque no encaja que una autonomía, una vez satisfecha la suficiencia financiera para la prestación de los servicios de su competencia, pueda elegir como opción estratégica bajar impuestos con el fin de mejorar su capacidad para competir y animar la inversión, tanto interior como exterior. Para Andalucía, con verdaderos problemas para elevar su productividad relativa, el principal fundamento de la competitividad, puede ser una vía interesante. Costosa, porque obliga a renunciar a otras cosas, pero una de las pocas alternativas viables para abandonar su condición de farolillo rojo en el ranking del desarrollo regional.

El problema es que el acuerdo entre socialistas e independentistas también lo impide. Bajar impuestos es, según el Gobierno, dumping fiscal y puede alterar el equilibrio competitivo y los privilegios. Los catalanes están de acuerdo. El ranking debe mantenerse e imponen el principio (¿progresista?) de ordinalidad. Dice Montero que solo para Cataluña, que al ser la que más contribuye (bueno, después de Madrid, pero esto se puede arreglar), también debe ser la que más reciba. La lógica que esgrimen es poderosa: la vida del rico es más cara que la del pobre, que además ya está acostumbrado, después de tantos años.