Libertad, desarrollo y régimen político

En el conflictivo siglo XIX se desarrollaron los primeros enfrentamientos entre dos modelos de sociedad inspirados en la Revolución Francesa que traspasaron los límites de cambio de siglo. Por un lado, el que concedía prevalencia a la libertad sobre la igualdad, con el individuo y la defensa del derecho de propiedad como piedras angulares de la estructura institucional, es decir, de las leyes. Por otro lado, el modelo que defendía el valor superior de la igualdad y la justicia social como principios inspiradores de la organización del estado y sus instituciones. Son los mismos que alimentaron los movimientos revolucionaros durante el pasado siglo y que, sin excepciones, terminaron convirtiéndose en dictaduras profundamente represoras de la libertad.

El conflicto adquirió una nueva dimensión tras la II Guerra Mundial, cuando las democracias occidentales celebraron un pacto social por el que los gobiernos se comprometían a reconocer derechos sociales a los trabajadores y a promover el bienestar (garantía de servicios públicos fundamentales) entre la población, a cambio de que los movimientos de izquierda aceptasen al mercado como árbitro principal en la asignación de los recursos. Esta parte del mundo mantenía un enfrentamiento permanente con los regímenes comunistas de la parte contraria, donde las libertades individuales y la economía estaban intervenidas por el estado.

Libertad, democracia y desarrollo son los tres vértices del triángulo virtuoso que propició el triunfo del nuevo modelo de capitalismo denominado democrático sobre la utopía comunista. El socialismo había perdido una batalla de la que no parecía posible recuperarse, pese a lo cual todavía resistían experiencias revolucionarias dispersas, entre las que destacaba China, que en 1986 había iniciado un ambicioso proceso de reformas políticas y económicas.

También Europa ponía en marcha en esas mismas fechas su particular proceso de integración política y económica con el objetivo inicial de creación de un mercado interior (Acta Única Europea, 1986), posteriormente ampliado con el de creación de una Unión Económica y Monetaria (Maastricht, 1992) y la inclusión de objetivos estrictamente políticos (seguridad y exterior). La diferencia con la experiencia china es que en Europa se apostó por un avance decidido en la misma dirección, el modelo europeo de bienestar, que ya se apuntaba en el Acta Única, mientras que en China las reformas suponían un cambio drástico de dirección hacia un territorio inexplorado en la frontera con el capitalismo.

Las primeras fisuras en el proyecto europeo aparecieron con las dificultades para cerrar la Agenda 2000 y las perspectivas financieras para el periodo 2000-2006, que debían contemplar la compleja integración de diez nuevos miembros en 2004 y preparar las de Bulgaria y Rumanía en 2007.

La fórmula de libertad más democracia igual a prosperidad, comenzaba a dar resultados erráticos en la UE, donde también fracasaba el intento de dotarse de un texto constitucional. La totalidad del proyecto llegó a tambalearse peligrosamente con la crisis financiera de 2008 y la de deuda soberana en 2010. La reacción fue reforzar la regulación de las instituciones, especialmente las financieras, mientras que en el resto del mundo, sobre todo en Estados Unidos y Reino Unido, se optaba por intervenir en la economía con potentes estímulos monetarios.

Europa se convirtió en el principal foco de inestabilidad internacional, donde el triángulo virtuoso (libertad, democracia y desarrollo) mostraba su imagen más vulnerable. En el extremo ideológico opuesto, las democracias descafeinadas y los regímenes autoritarios desafiaban el viejo postulado de la teoría de la modernización en ciencia política según el cual la estabilidad democrática está directamente relacionada con el nivel de desarrollo, medido en forma de ingreso por habitante, grado de industrialización y urbanización y el nivel educativo de la población (Lipset, 1959). El triunfo del capitalismo de estado en China no solamente cuestionaba la asociación entre desarrollo y democracia, sino que también echaba por tierra la convicción de que el fundamento del crecimiento en las dictaduras reside en el aumento de la fuerza de trabajo y el capital físico, mientras que la productividad y la innovación se consideraban parcelas exclusivas de las sociedades democráticas.

La relación entre desarrollo y régimen político es un terreno atractivo para la investigación académica que alcanza su madurez con el cambio de siglo. Contribuciones particularmente valiosas son las de Acemoglu y Robinson sobre la calidad de las instituciones (“Por qué fracasan los países”, 2012) y la de Przeworski y otros, sobre las consecuencias en el crecimiento económico del régimen político (“Democracia y desarrollo”, 2000). Estos últimos sostienen, en base a un estudio de amplia base empírica, que la probabilidad de que el progreso económico desemboque en democracia es elevada y que la supervivencia de esta aumenta con el nivel de desarrollo. Es poco probable, por el contrario, que un régimen democrático pueda sobrevivir en sociedades con ingreso por habitante inferior a 1.000 dólares. De su análisis se infiere que debe ser posible identificar a partir de qué nivel de desarrollo un régimen autoritario resulta inviable.

La fortaleza de estos postulados es cuestionada por el ascenso de China al estatus de segunda potencia económica mundial y décima más innovadora, por delante de democracias consolidadas como Japón, Alemania o Francia, y por la irrupción del movimiento MAGA en Estados Unidos. La investigadora norteamericana J. Lind (Autocracy 2.0: How China’s Rise Reinvented Tyranny, 2025) define el caso chino como "smart authoritarianism", aludiendo a la inconsistencia del postulado teórico sobre la imposibilidad del acceso de China a la condición de potencia tecnológica. Por su parte el regreso de Trump a la Casa Blanca, también obliga a cuestionar el principio que establece una fuerte correlación entre el nivel de desarrollo y la fortaleza de las instituciones democráticas.