El 'maldito' Libro Amarillo

“Quiero ser muy claro, vamos a presentar los Presupuestos”. Con una seguridad un tanto forzada, Pedro Sánchez entró así en el pedregoso terreno de la economía durante la entrevista que concedió el primer día de septiembre a TVE. Durante los 40 minutos que duró el encuentro televisivo, transitó por los temas peliagudos de la actualidad como la corrupción, la justicia, el cupo catalán/financiación autonómica, la vivienda y el cambio climático, punto este en el que puso el mayor énfasis al reclamar un gran pacto de Estado para el que él mismo augura escaso éxito dada la deriva de la oposición.

El presidente del Gobierno quiso escenificar en la televisión pública el comienzo de un curso que, precisamente por todo lo dicho, se presenta muy agitado. Y en lo referente a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) fue tajante. “Vamos a pelear para aprobarlos en las Cortes Generales”, afirmó, obsesionado el Gobierno con sacar como sea el maldito Libro Amarillo (contiene el proyecto de los PGE que se remite a las Cortes) que tanto se le resiste esta legislatura. De hecho, en 2025 incumplió la Constitución, que obliga a su presentación anual, por lo que en los dos últimos años ha tenido que prorrogar los anteriores (es decir, los de 2023). Pero, pese a esa obsesión generalizada, a Sánchez no parece importarle seguir “con los Presupuestos que tenemos” por tercera vez.

Todo eso le da alas al PP, que continúa en su campaña anti todo, para proponer que se obligue a convocar elecciones generales si los presupuestos sufren más de dos prórrogas. Es posible que, si llega al poder, se tenga que arrepentir de estas palabras. Algo parecido a lo que pudo pensar Sánchez cuando se reprodujo la grabación de una intervención suya en 2017 exigiendo a Mariano Rajoy someterse a una cuestión de confianza. Maldita hemeroteca.

El caso es que la principal ley de todos los años, el pilar más básico del desarrollo económico de un país, está en un tris de sufrir otra prórroga, lo que da mala imagen, pero no impide que se puedan incorporar gastos e ingresos nuevos. Sánchez sostiene que sus Presupuestos “permiten cumplir los dos objetivos que me he propuesto: hacer frente a la agenda social y progresista y vehicular los fondos europeos hasta 2026 [plazo fijado por Bruselas]”. Objetivos que, a su juicio, se diluirían si la respuesta a no recibir el apoyo es convocar elecciones, como pide la oposición alegando que el país está en parálisis. “La parálisis sería meter al país en un proceso electoral, perdiendo la gran oportunidad de transformarlo con los fondos europeos”, contestó.

Para evitar otro chasco, el Gobierno necesita el respaldo de la mayoría parlamentaria que le dio la investidura. Quizá por eso, y casi de forma simultánea, mientras él se trasladaba a los estudios de TVE, el presidente de la Generalitat de Catalunya y correligionario suyo, Salvador Illa, viajaba a Bruselas para encontrarse con el líder de Junts, Carles Puigdemont, radicado en Bélgica desde 2017. Se ha dicho mucho de esa reunión en claves catalanas; pero la principal atención se centra en términos políticos nacionales. Ni Puigdemont ni Illa dijeron nada al respecto, pero el Libro Amarillo (y otros proyectos, como la jornada laboral) latía en todo el entramado bruselense. Junts, que ya ha hecho pasar malos tragos al Gobierno, es clave y si falla de poco sirve negociar con el resto de las fuerzas: léase ERC, Podemos, Compromís...

La elaboración de los PGE, en cualquier caso, ya está en marcha. No cuenta todavía con el techo de gasto, que se suele aprobar en julio, antes de las vacaciones veraniegas; pero la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha puesto en marcha toda la maquinaria. Eso supone que los ministerios deberán remitir sus prioridades cuanto antes, lo que permitirá fijar el límite de gasto no financiero y la correspondiente senda fiscal, que reparte el déficit entre las administraciones públicas. Las cuentas deberán estar listas antes de finales de septiembre y presentarse a las comunidades autónomas y someterse al veredicto de los grupos parlamentarios.

Una vez superado ese escollo, es cuando Hacienda elabora el célebre Libro Amarillo con el proyecto presupuestario, que se remite a las Cortes para su aprobación después de exponerse al proceso de enmiendas a la totalidad, donde podría ser tumbado a las primeras de cambio. Esa es la cuestión.

Pero no solo habló de Presupuestos. También lo hizo de vivienda, un grave problema cada vez más radicalizado que exige una solución urgente, y de financiación autonómica. En este asunto, ligado inevitablemente al desarrollo de los PGE, se ha armado un buen lío por la condonación de la deuda ofrecida por el Gobierno a las comunidades autónomas tras el acuerdo con ERC de conceder a Cataluña la gestión del 100% de los impuestos. La medida, que trata de compensar esa concesión, supone que el Estado asume una deuda de 83.000 millones de las CCAA.

La quita, según el Gobierno, corrige la injusticia que supuso que tuvieran que sobreendeudarse entre 2008 y 2013 por la Gran Recesión. Sobre el papel, el argumento es contundente en términos de justicia económica; pero tiene un trasfondo político de difícil comprensión si no fuera por la actitud de la oposición. La prueba está en que el PP ha dado la orden de rechazar la propuesta a las comunidades en las que gobierna, pese a que dos de ellas (Madrid y Andalucía) son las más beneficiadas. El proyecto, que requiere mayoría absoluta, se topa con el problema del modelo de financiación autonómica, que sigue sin resolverse. La quita es un paso, pero no garantiza una distribución estable de los recursos.