Poniendo orden en los créditos al consumo

La inminente trasposición de la directiva europea sobre crédito al consumo llega en un momento en que el acceso a financiación rápida se ha vuelto habitual para muchos hogares. El mercado ofrece desde préstamos personales tradicionales hasta microcréditos inmediatos y fórmulas “en un clic”, y esa proliferación de productos ha puesto de manifiesto la necesidad de reglas claras que protejan al consumidor. La nueva normativa pretende ordenar este entorno y corregir prácticas opacas que permiten la existencia de créditos extremadamente caros.

Como se destacó en un reciente evento organizado por la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito, ASNEF, el principal problema es la falta de uniformidad: conviven empresas muy reguladas con operadores que apenas están supervisados y que ofrecen productos con elevadísimos costes reales. La directiva europea exige que todos los prestamistas –bancos, financieras y plataformas digitales– se sometan al mismo marco. Esto implica información precontractual clara, formatos estandarizados para entender el coste total, obligación de evaluar la solvencia del cliente y reglas que permitan comparar ofertas de forma sencilla.

En el encuentro también se subrayó que la directiva amplía el ámbito regulatorio: abarca créditos de pequeños importes, micropréstamos, soluciones de financiación instantánea y otros productos que hasta ahora quedaban en zonas grises. Con la transposición, todos estos operadores deberán registrarse, informar adecuadamente y actuar bajo supervisión. El objetivo es que el consumidor sepa cuánto paga, por qué lo paga y qué implica asumir ese compromiso financiero. Y que las empresas compitan de forma leal, sin basar su negocio en la falta de claridad.

La reforma también busca poner coto a la usura. La legislación española para frenar la usura, La Ley de 23 de julio de 1908, de Represión de la Usura, conocida comúnmente como Ley Azcárate, es antiquísima y nació en un contexto financiero que no se parece en nada al actual. La trasposición de la directiva europea permitirá en este campo de los créditos al consumo fijar límites reales y objetivos, acabar con intereses que multiplican varias veces el capital prestado y someter a escrutinio a operadores que han operado en la sombra. Es, en definitiva, la oportunidad de cerrar el camino a prácticas que, bajo apariencia de financiación sencilla, han empujado a miles de personas a deudas de total usura, con TAEs que puede alcanzar un 4.000% ó 5.000%.