Se podría privatizar el servicio de ITV

En Andalucía hay unos 6,3 millones de vehículos, es la comunidad autónoma con mayor parque, y según datos de la asociación de fabricantes Anfac, también con coches y camiones más antiguos, una media de 14,5 años. El control de las condiciones de este parque se cubre por la empresa Veiasa, que depende del gobierno autónomo; pero aunque el servicio se realiza profesionalmente no es tan eficaz para que un vehículo se ponga a punto si tiene algún fallo, como si la revisión y reparación se hiciera en un mismo taller; y además el sistema de citas no es tan cómodo. La información societaria cuesta encontrarla, y sólo aparecen cinco páginas, muy insuficientes, pero sabemos que el pago por el servicio (fijado por el gobierno) es ligeramente superior a los costes, pues la sociedad tiene beneficios.

La privatización de la ITV debería ser distributiva, dando opción a todos los talleres a prestar el servicio acreditándose, para lo que deberían contar con medios para ello, facilitando a los más modestos préstamos y subvenciones para equipamiento. Hay recursos, pues el gobierno de España acaba de distribuir 2.340 millones para movilidad sostenible, de los que corresponden a Andalucía 347, 160,5 a la Junta, y 186,6 a municipios, y eso que sólo han presentado proyectos 33 ayuntamientos andaluces. El tema no ha de verse desde una perspectiva ideológica, pues hay servicios donde la privatización no es deseable, pero en este caso no se trata de beneficiar a grupos con capacidad económica, como ocurre en la historia de las privatizaciones. Sería una ventaja que nuestro taller habitual, en quien tenemos confianza, nos prestara un servicio que puede ser preventivo, evitando daños mayores en un vehículo que conocen; los talleres modestos modernizarían sus instalaciones y tendrían una fuente de ingresos, y los propietarios de vehículos nos animaríamos a tenerlos más a punto. Dos cuestiones significativas son qué hacer con las instalaciones de Veiasa, a las que habría que dar un uso relacionado con los vehículos; y su plantilla de 1.674 personas con un coste anual de 86,16 millones de euros, deberían tener funciones importantes en la concesión de licencias y seguimiento del trabajo que realizan los talleres; el coste de la plantilla habría que financiarlo con una tasa al taller sobre la certificación obligatoria de vehículos. Es obvio que esto requiere un análisis en profundidad y sabemos que hay un informe elaborado al respecto, pero si se hace bien las ventajas de esta privatización superarían sin duda a los inconvenientes.