La reconversión de un mito nacional

La compraventa del 30% del capital de Talgo a un consorcio público-privado liderado por Sidenor, con el auspicio de los gobiernos central y vasco, supone un soplo de aire fresco que permite iniciar una nueva etapa a una marca que recorre gran parte de la historia del transporte español y que estaba a punto de descarrilar. La presencia de Sidenor, a su vez, recupera para la memoria el proceso de reconversión industrial que vivió el sector siderúrgico tras la Transición.

Por un lado, el Tren Articulado Ligero Goicoechea Oriol (el proyecto fue del ingeniero vizcaíno Alejandro Goicoechea Omar y la financiación del también ingeniero José Luis Oriol, de la familia Oriol) se convirtió en un símbolo del régimen franquista, que lo impulsó tras la Guerra Civil y llenó de sus locomotoras las vías españolas. En los últimos años, sin embargo, se acercó al abismo, lo que condujo a que, mientras alcanzaba unas pérdidas históricas (65 millones el primer semestre de 2025) y recibía una multa de 116 millones por parte de Renfe por la demora en la entrega de 30 trenes, se abriera un proceso de venta en el que pujaron sucesivamente la firma húngara Magyar Vagon, la checa Skoda y la polaca Pesa. Todos los intentos fracasaron con la complicidad del Gobierno, que alegó cuestiones de seguridad nacional mientras, en paralelo, negociaba con el Ejecutivo vasco una solución local. Las negociaciones, en su mayor parte silenciadas, han propiciado la presencia de Sidenor, las fundaciones de las antiguas cajas vascas (Kutxa y Vital) y de la empresa pública vasca Finkatuz, así como de la estatal SEPI, cuya incorporación se espera para cuando se apruebe la entrada del consorcio mediante una ampliación de capital en la que también se espera a otros inversores.

La operación es la mejor muestra del brazo redentor de la colaboración público-privada, que tiene como protagonista a Sidenor, una empresa que fue el resultado de la fusión de varias empresas públicas y privadas del sector siderúrgico que por su cuenta no habrían sobrevivido (Forjas y Aceros de Reinosa y Acenor, que a su vez provenía de la integración de Aceros de Llodio, Forjas Alavesas, Pedro Orbegozo y Echevarria) en la que el Estado asumió una participación del 50% a través del INI. Sidenor luego se privatizó y se ha desarrollado hasta acabar en manos de José Antonio Jainaga, que tiene abierto un proceso judicial por una supuesta venta ilegal de acero a la compañía Israel Military Industries para la fabricación de armas que arroja pimienta al acuerdo.