Tormenta eléctrica

La fecha del 28 de abril de 2025 ha pasado a la historia de España como la del gran apagón. Ese día, durante unas 12 horas y con mayor o menor intensidad en todo el país (con derivaciones en el vecino Portugal), el sistema se vino abajo y las consecuencias han sido calamitosas. La búsqueda del culpable de aquel desaguisado fue inmediata y, como suele ocurrir en casos como este, los responsables de producir la electricidad (las compañías eléctricas) y los de gestionar la red (Red Eléctrica de España) se trataron de quitar de en medio y de cargar el muerto al contrario.

El episodio salpicó, inevitablemente, al Gobierno, sobre el que la oposición no tardó en descargar toda la batería posible de improperios. El Ejecutivo encargó a una comisión de expertos que evaluara el origen, los motivos y las consecuencias del apagón, mientras se creó una comisión de investigación en el Senado, donde las comparecencias son aprovechadas para intercambiar acometidas desde los escaños más allá de las explicaciones que han dado los concurrentes.

Han pasado nueve meses desde el incidente y las incógnitas siguen encendidas. Esta semana han pasado por el Senado los responsables de las dos principales eléctricas españolas, Iberdrola y Endesa, que lanzaron acusaciones a Red Eléctrica, tratando de desmontar las tesis anteriormente esgrimidas por los directivos del grupo. Tanto José Bogas como Mario Ruiz-Tagle, consejeros delegados de Endesa e Iberdrola, que intervinieron por ese orden, no disimularon su sintonía en las descargas de inculpaciones al operador del sistema. A su juicio, se debió a “un error de planificación” por parte de Red Eléctrica y apelaron, para ello, al informe de la comisión de expertos.

Tanto Bogas como Ruiz-Tagle hicieron hincapié en que la función de Red Eléctrica consiste en garantizar el fluido eléctrico y la seguridad de suministro a todas horas y en toda España. Bogas, que definió la programación del fatídico 28 de abril de “situación de riesgo”, sostuvo que en fechas anteriores se habían sucedido episodios alarmantes con la tensión y, aunque no lo dijo, dio a entender que no se habían tenido en cuenta. Añadió que ese día había muestras de inestabilidad desde las 09:00 y que Endesa lo comunicó al operador a las 11:00. “No se le dio importancia”, arremetió. Ruiz-Tagle, por su parte, apuntó a “una sola causa, un error de planificación” que impidió que existieran medios síncronos para controlar la tensión por parte de REE.   

Pero ni uno ni otro asumieron equivocación alguna de sus equipos, como también indica el informe de los expertos y señala el documento que realizó Red Eléctrica el pasado junio. En ese sentido, el responsable de Iberdrola rechazó de forma tajante que el origen del incidente estuviera en una planta termoeléctrica ubicada en la provincia de Badajoz (en concreto, en la denominada Núñez de Balboa), como sí había apuntado el propio Bogas al decir que se habían producido “oscilaciones de frecuencia imprevistas” ante las que REE “no actuó con la agilidad suficiente”.

El informe de REE, defendido por la presidenta, Beatriz Corredor, en su comparecencia en la misma comisión senatorial el pasado septiembre, destaca que el exceso de tensión en la red desencadenó la desconexión masiva. La exministra se limitó entonces a apuntar que era una planta en el suroeste de Extremadura, de la que no dio el nombre, en la que se había hecho “un posible experimento” para gestionar la planta, como ya se había hecho también un año antes. Además de defender que no hubo fallo en la planificación para garantizar la tensión, desveló que en el momento de la reposición el día 28 las hidroeléctricas que podían arrancar de forma automática “no lo hicieron como se esperaba” y hubo que recurrir a suministro de Francia y Marruecos.   

La pelea, en cualquier caso, no se acaba ahí. Los ejecutivos de las eléctricas aprovecharon el coste de las medidas antiapagón para avivar los ataques al operador. A su juicio, la cuantificación de la llamada operación reforzada llevada a cabo por Red Eléctrica se eleva a 1.100 millones de euros entre la fecha del apagón y el 31 de enero de este año, según un informe encargado a la consultora Nera, y criticaron que dichas medidas están mal enfocadas y a costa de hinchar la factura a los usuarios.

El ataque fue repelido por Red Eléctrica, que rápidamente comunicó que ese coste es de 516 millones (2,18% de los 23.600 millones de coste total del sistema eléctrico), lo que supone que un usuario medio paga cuatro céntimos al día adicionales en su factura. Esos ingresos, según REE, son extraordinarios que reciben las eléctricas por tener a disposición las centrales de gas (los ciclos combinados).

La tormenta desatada desde el apagón tiene visos de extenderse y de seguir alimentando ataques y contraataques a diestro y siniestro.