Coag alerta del cierre definitivo de la azucarera de Jerez y no temporal como anunció la empresa

“Estamos asistiendo al final de uno de los cultivos más sociales y emblemáticos de nuestro país”. Coag Andalucía cree que detrás del anuncio de cese de actividad temporal de la azucarera de Jerez de la Frontera (Cádiz) se oculta el cierre definitivo de la planta, que supondría “el final de más de un siglo de historia industrial y agrícola en la provincia”.

La organización agraria comparte el temor de los agricultores a que la decisión no solo afecte a la próxima campaña como asegura la empresa, alerta del impacto económico y social que tendría el cese definitivo.

El cierre dejaría en activo solo dos de las noventa fábricas azucareras que llegaron a existir en España y pone en riesgo miles de empleos vinculados a la remolacha, señala Coag, cuyo responsable de este cultivo, Diego Bellido, advierte igualmente de la pérdida de “valor añadido, sostenibilidad y, lo más grave, nuestra soberanía alimentaria”.

Para Coag, la situación de la fábrica jerezana es el reflejo de un modelo industrial y político fallido que prioriza la rentabilidad global inmediata sobre la sostenibilidad y el arraigo territorial.

En este sentido, critica que la empresa invierta 42 millones de dólares para trasladar parte de su producción a Paraguay, deslocalización que supone “un grave daño” para el campo español.

Además, la organización agraria advierte en un comunicado de que el desmantelamiento del sector convertiría a España en un país deficitario en ázucar, por lo que pasaría a depender de importaciones “cuya trazabilidad, sostenibilidad y calidad no se pueden garantizar al mismo nivel que la producción local”, indica Coag.

Situación "agónica"

Bellido atribuye la “agonía del sector” a una combinación de factores, entre los que alude a la caída de los precios que perciben los agricultores, el aumento de los costes de producción, una regulación fitosanitaria “cada vez más exigente sin alternativas viables” y la “falta de apoyo público” tras la reducción de ayudas específicas y la reestructuración industrial que “empuja la producción fuera de nuestras fronteras”.

Frente a ello, Bellido reclama que la Política Agraria Común (PAC) recupere su función de proteger a los agricultores, garantizar un medio rural vivo y asegurar la soberanía alimentaria europea.

La organización se pregunta qué ocurrirá con las hipotecas e inversiones de los agricultores maquileros, con los compromisos agroambientales ligados al cultivo y con las empresas y técnicos vinculados históricamente a la producción remolachera.

“La remolacha azucarera somos todos: es nuestra tierra, nuestro empleo y nuestra soberanía”, significa Bellido, para quien este cultivo “ha sido defenestrado y vilipendiado, víctima de políticas que no han sabido reconocer su valor social, económico y ambiental como motor de cohesión territorial”.