El acuerdo arancelario con EEUU entra en vigor este jueves sin despejar las incógnitas a medio plazo

La reducción de los aranceles anunciada por Estados Unidos, que rebaja del 30% al 15% los gravámenes a las exportaciones europeas, ha sido recibida con cierto alivio por parte de la Unión Europea. Sin embargo, expertos advierten que este respiro puede resultar efímero si las promesas no se traducen en un pacto formal y jurídicamente vinculante.

El acuerdo político, anunciado el pasado 27 de julio en Escocia por el presidente estadounidense, Donald Trump, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, entrará en vigor este jueves, con una semana de retraso sobre lo previsto. El pacto contempla aranceles cero en varios productos, así como compras estratégicas europeas por valor de 750.000 millones de dólares en gas, petróleo, energía nuclear o chips de inteligencia artificial. También incluye compromisos de inversión por parte de Europa en la economía estadounidense por un total de 600.000 millones, y un aumento en la adquisición de material militar estadounidense.

A juicio de Cinzia Alcidi, investigadora sénior y directora de Política Económica y Empleo del think tank CEPS, el acuerdo ofrece “un alivio temporal, pero también genera dificultades a largo plazo”. En su opinión, se trata de un mal acuerdo para la UE, aunque reconoce que supone un avance positivo al evitar aranceles más altos. Desde Bruselas, la Comisión subraya como principal logro el hecho de que el 15% se haya fijado como tope no superable, algo que -aseguran- no han conseguido otros socios comerciales.

No obstante, el CEPS insiste en que el reto real está por venir. La falta de un documento vinculante deja la puerta abierta a interpretaciones erróneas o divergentes, como ya ocurrió con el reciente acuerdo entre EEUU y Japón. “Aunque este pacto aporta una sensación temporal de calma, necesitamos un marco legal claro para garantizar estabilidad a largo plazo. Pero incluso eso podría no bastar. Trump ya ha demostrado su disposición a modificar o romper acuerdos previamente firmados”, advierte Alcidi.

De hecho, antes de que el acuerdo entre en vigor, Trump ya ha amenazado a la UE con imponer aranceles del 35% si no se concretan las inversiones de 600.000 millones de dólares comprometidas por los europeos. Esta postura añade un nuevo factor de tensión en una negociación que, según los expertos del CEPS, resulta difícil de cuantificar en términos de impacto económico, aunque la mayoría de estimaciones apuntan a mayores pérdidas y subidas de precios en EEUU que en Europa.

Para Alcidi, es fundamental que la UE no compense a las empresas europeas por las pérdidas derivadas del aumento de los aranceles, ya que trasladar esa carga a los contribuyentes europeos “no solo sería ineficaz desde el punto de vista económico, sino que supondría una victoria política para Trump”.

En una línea similar se pronuncia Penny Naas, vicepresidenta sénior interina del German Marshall Fund (GMF), quien considera que el acuerdo puede haber evitado medidas más drásticas, pero supone un revés para Bruselas en términos geopolíticos. Según Naas, Trump logró imponer concesiones significativas a Europa ofreciendo a cambio poco más que una prórroga ante nuevas sanciones, lo que refuerza su posición de cara a futuras negociaciones.

Además, Naas subraya la inestabilidad que genera la tendencia del presidente estadounidense a revisar o anular acuerdos comerciales de manera unilateral, lo que deja el orden económico global sujeto a constantes cambios e incertidumbres.

Desde la organización de consumidores BEUC, también se han alzado voces de preocupación. Advierten de que las consecuencias de esta disputa comercial no se limitarán al terreno económico: los consumidores podrían verse afectados tanto por un encarecimiento de los productos como por un debilitamiento de la protección de sus derechos y de la transparencia democrática en las decisiones comerciales.

Por último, la patronal europea BusinessEurope reclama avanzar hacia una solución más completa, al recordar que sectores clave de la industria europea han quedado fuera del alcance del acuerdo actual, lo que deja abierta la posibilidad de nuevos focos de conflicto en el corto y medio plazo.