España propone en la UE un impuesto anual del 2% a los patrimonios superiores a los 100 millones

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, propondrá este viernes al resto de países de la Unión Europea la implantación de un nuevo impuesto que grave con un 2% los patrimonios superiores a los 100 millones de euros. El objetivo, según ha avanzado, es fortalecer las políticas sociales y avanzar hacia un modelo fiscal más justo y eficaz que permita reducir las desigualdades.

La iniciativa se inspira en la conocida como tasa Zucman, diseñada por el economista Gabriel Zucman, con quien Bustinduy se reunió la pasada semana en París. A juicio del ministro, este gravamen es “decisivo para fortalecer las democracias europeas”, al apostar por la cohesión social y una redistribución de la riqueza que refuerce los derechos sociales.

En este sentido, Bustinduy ha advertido de que la Unión Europea debe responder a la creciente concentración de riqueza y poder económico. “Un sistema fiscal más justo y eficaz es la respuesta que Europa debe dar a quienes se permiten amenazarla”, ha afirmado, subrayando que el futuro del proyecto europeo pasa por ampliar y consolidar las políticas sociales que han garantizado bienestar y seguridad a la ciudadanía.

Según estimaciones del Observatorio Fiscal de la Unión Europea, solo en España la aplicación de esta tasa permitiría recaudar hasta 5.200 millones de euros, unos recursos que el ministro considera clave para reforzar el Estado del bienestar. En esta línea, defenderá ante sus homólogos europeos la necesidad de “reinventar el modelo de bienestar” como la mejor respuesta frente a los discursos de autoritarismo y aislamiento.

Durante su intervención en el debate político sobre la futura Estrategia de la UE contra la Pobreza, el ministro también abogará por aprobar cuanto antes una prestación universal por crianza, que define como la herramienta más eficaz para combatir la pobreza infantil. Bustinduy se apoyará en la experiencia de países donde ya está en marcha, como Irlanda, donde esta medida se aprobó en 2024 y ha logrado reducir de forma significativa la pobreza infantil.

En relación con esta prestación, Bustinduy insistirá en que debe ir acompañada de un sistema fiscal más redistributivo y progresivo y recalcará que no se trata de una ayuda, sino de un derecho de ciudadanía. “Debe ser universal precisamente porque es un derecho y porque así puede llegar directamente a las familias que más lo necesitan”, ha defendido.

Otro de los ejes de la jornada estará centrado en los cuidados de larga duración y el envejecimiento activo. El ministro alertará de los retos que plantea la evolución demográfica en Europa, con una esperanza de vida cada vez mayor, y reclamará un cambio de modelo que sitúe a las personas y sus necesidades en el centro. “Envejecer es un logro democrático”, ha reiterado Bustinduy, quien ha asegurado que la prioridad del Gobierno es consolidar un sistema público de cuidados que garantice la dignidad de las personas mayores y dependientes y les permita permanecer en sus hogares el mayor tiempo posible.