El Gobierno prohíbe integrar el Sabadell en BBVA durante tres años pese a autorizar la opa

Sevilla/El Gobierno veta la fusión de BBVA y Banco Sabadell si la opa hostil del banco de origen vasco se lleva a efecto. Y el veto durará al menos tres años y podrá extenderse hasta cinco. Ése es el principal cambio que el Gabinete ha introducido al autorizar la operación de canje de acciones que planteó el banco que preside Carlos Torres hace poco más de un año.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha sido el encargado de anunciar en rueda de prensa que e Consejo de Ministros había aprobado este martes la operación de concentración entre el BBVA y el Sabadell, pero imponiendo la condición de que durante al menos los próximos tres años ambas entidades mantengan personalidad jurídica y patrimonio separados, y autonomía en la gestión de la actividad.

El Ejecutivo no cambia el resto de condiciones que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso a la operación hostil que el BBVA presentó hace 13 meses.

Cuerpo dijo que esta imposibilidad de fusionar las entidades, sus negocios o su gestión se hace por criterios de interés general, que se amparan en el "marco normativo y ordenamiento jurídico" español.

La decisión del Consejo de Ministros obligará a "cada entidad a preservar la autonomía en la gestión de su actividad orientada al mantenimiento de los criterios de interés general, distintos de los relativos a la defensa de la competencia, que fundamentan la decisión del Consejo de Ministros", explicó el ministro, que sostuvo que esos criterios "encuentran arraigo en la Constitución Española, se encuentran promulgadas por distintas normas del ordenamiento jurídico y están avaladas por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea".

El primero de esos criterios a los que se refirió el titular de Economía es garantizar "un adecuado mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial vinculada al apoyo al crecimiento y a la actividad empresarial". La "protección de los trabajadores" y la "cohesión territorial" fueron el segundo y tercer motivo esgrimidos.

Además, Cuerpo citó otros dos más: el cumplimiento de los objetivos de política social relacionados con la obra social de las fundaciones, la protección del consumidor financiero y la vivienda asequible, y la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico.

El Ministerio de Economía también pone límites para garantizar que se cumple la autonomía en la gestión de la actividad de cada uno de los bancos. Así, la gestión y toma de decisiones deberá ser autónoma en relación con las decisiones que afecten a la política de financiación y crédito, en particular a pymes, de recursos humanos, la red de oficinas y servicios bancarios y la obra social a través de sus respectivas fundaciones bancarias.

"La existencia de múltiples intereses generales afectados, y la propia escala de la operación, aconseja evitar la imposición de condiciones parciales que pretendan proteger cada uno de ellos de manera aislada, cuyos resultados serían difíciles de predecir", explicó el ministro, que detalló que por ello "se ha optado por un enfoque finalista, en el que se obligue a la protección de todos y cada uno de los distintos intereses a garantizar identificados, mediante la introducción de una condición única, que favorezca una transición ordenada, contribuya a preservar estos intangibles y, con ello, el interés general afectado".

Esto es, se veta la fusión como medio de preservar conjuntamente cada uno de los motivos de interés general que esgrime el Gobierno al autorizar la opa hostil.

Cuerpo aclaró que cuando el acuerdo de este martes sea comunicado a la CNMC y a los dos bancos afectados, el Gobierno pondrá fin al procedimiento de control de concentraciones económicas establecido en la Ley de Defensa de la Competencia.

Evaluación hasta cinco años

El veto, además podrá extenderse durante cinco años, ya que el Gobierno anunció que para evaluar la eficacia de la condición que ha acordado el Consejo de Ministros, con una antelación de entre seis y dos meses respecto de la fecha de finalización del menor plazo establecido en la condición acordada (tres años), BBVA y Banco Sabadell deberán remitir a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa un Informe de situación cada una, que detallará el modelo de gestión autónoma que se ha llevado a cabo y su contribución al mantenimiento de los criterios de interés general mencionados.

Además, con la misma antelación, las entidades deberán elaborar y publicar en su sitio web un Plan estructural a largo plazo en el que se detalle en qué medida su estrategia corporativa afectará, en al menos los cinco años siguientes, a los criterios de interés general identificados. "Transcurridos esos tres primeros años, el Consejo de Ministros valorará la eficacia de la condición establecida, pudiendo ampliar su duración por un periodo adicional de dos años", explicó Cuerpo.