La usura en la era 'revolving'

“Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales”. Estas palabras fueron escritas por uno de los grandes intelectuales de la Restauración, Gumersindo de Azcárate, jurista, filósofo, político, historiador, escritor, catedrático y académico. También diputado. Se convirtieron en ley en 1908. Es la ley de Represión de la Usura. Sigue en vigor.

De los prestamistas de la época de Azcárate sabemos por la obra de Benito Pérez Galdós, que acudió a ellos en numerosas ocasiones por ser manirroto cada vez que cobraba por una de sus obras y por los gastos que le acarreaban sus numerosas aventuras amorosas. Se pueden resumir los muchos usureros de sus novelas en el personaje de Francisco Torquemada, cuyas andanzas se iniciaban con este párrafo en una venganza literaria servida en frío: “Voy a contar cómo fue al quemadero el inhumano que tantas vidas infelices consumió en llamas; que a unos les traspasó los hígados con un hierro candente; a otros les puso en cazuela bien mechados, y a los demás los achicharró por partes, a fuego lento, con rebuscada y metódica saña”.

En 2015 Azcárate resucitó. Lo resucitó el Tribunal Supremo cuando se apoyó en aquellas palabras para anular un crédito de una tarjeta revolving de la banca digital Wizink cuyo interés superaba el 24%. Las tarjetas revolving, que suelen venir cargadas de comisiones, son un arma de doble filo, ya que permiten ir devolviendo pequeñas cantidades cada mes sobre lo prestado, pero la renovación periódica del débito aumenta los intereses, lo que puede hacer que esa deuda se eternice. Así lo explica Alberto Poch, abogado de arbitraje del bufete Pérez-Llorca: “En esa sentencia el Supremo exponía que el hecho de que exista un alto riesgo de impago en determinados préstamos no puede utilizarse como pretexto para aplicar un interés remuneratorio excesivo. Gracias a esa sentencia y a la ley de Azcárate, de hace más de cien años, si se considera el préstamo usurario, el consumidor sólo queda obligado a devolver la cantidad que percibió, pero no los intereses”.

"Un alto riesgo de impago en determinados préstamos no puede utilizarse como pretexto para aplicar un interés remuneratorio excesivo".

Desde entonces, y a pesar de que en 2023 el Alto Tribunal ya matizó su jurisprudencia, una lluvia de demandas se han acumulado sobre las decenas de entidades que trabajaban ese sector de pequeños créditos al consumo y que se mueve en paralelo a la gran banca, poco interesada en un negocio de riesgo en el que hay que gestionar muchos clientes y pequeñas cantidades. La Memoria de Reclamaciones del Banco de España es un termómetro de lo que supuso aquella sentencia y si en su estudio de 2018 ese tipo de usura -principalmente en las tarjetas revolving- dio para 204 reclamaciones, en 2019 ya eran 599 y en 2020 se alcanzó el pico con 1.869 denuncias ante el banco emisor por malas prácticas. Los bufetes de toda España estaban trabajando en ese momento a toda máquina captando posibles damnificados. José Luis Ortiz, del bufete Ortiz, de Cádiz, por ejemplo, afirmaba que “hay mucha gente en mi ciudad atrapada por estas prácticas usurarias de la banca más voraz, que deja al personaje del avaro de Charles Dickens en pelotas”. En la última memoria del Banco de España se ha vuelto a encauzar aquella pequeña revuelta de deudores en la senda de las algo más de doscientas reclamaciones.

Esto no quiere decir que el negocio prestamista con intereses salvajes no perviva, aunque ya no tiene la pujanza que tuvo durante la gran crisis de 2008 y que se prolongó más de un lustro. Ahora nos encontramos en cifras históricamente bajas de morosidad bancaria (por debajo del 3%) y la coyuntura no ahoga a tantas familias como en los años en los que no paraban de multiplicarse los desahucios hipotecarios. Es cierto también que ahora el producto se suele ofrecer de forma mucho más transparente para evitarse reclamaciones y demandas. Es el caso de la empresa de préstamos Casherplus, que se presenta como “tu amigo financiero”. En su página puedes hacer una simulación de sus micropréstamos -sus créditos se mueven entre un mínimo de 150 euros y un máximo de dos mil euros- y, así, por un préstamo de mil euros a doce meses la cuota mensual es de 161 euros. Es decir, por los mil euros que te han prestado tienes que pagar unos intereses de 932 euros. O Trive Credit, que te entrega al momento 200 euros y a los tres meses tienes que devolver 360. Es evidente que hay que estar muy necesitado para pedir esas cantidades y, sin embargo, la gente acude a ellos. Son los “amigos financieros” de los desesperados.

Los que no llegan a fin de mes

Hay un dato orientativo. La Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el INE el pasado mes de marzo arrojaba que más del 54% de los andaluces tenía dificultades para llegar a fin de mes. De ese 54%, la mitad tenía cierta dificultad, pero es que el 26% restante tenía dificultad o mucha dificultad. Es en ese segmento nada pequeño, uno de cada cuatro, en el que un ciudadano no puede hacer frente a un gasto imprevisto donde se encuentra el nicho de mercado. Pongamos el caso real de un autónomo transportista al que se le avería la furgoneta y el arreglo se monta en más de dos mil euros. No es una cantidad desorbitada, pero él vive al día y sin furgoneta no hay ingresos. Es posible que su banco considere ese préstamo de riesgo. Su único recurso es el prestamista que le ofrecerá un crédito hasta tres veces más caro que el que hubiera conseguido si fuera un gran transportista con un importante volumen de negocio en la banca comercial tradicional. Y no sería considerado legalmente usura. Es el precio de la desigualdad. Ser pobre sale muy caro. Por supuesto, hay otros perfiles más marginales en este sector que tienen que ver con el juego u otras adicciones. Como ya observaba Azcárate: “...situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales...”

En este mercado, conocido oficialmente como Establecimientos Financieros de Crédito (EFC) en el que operan multitud de pequeñas empresas prestamistas, son dos firmas francesas que vienen del mismo campo las grandes potencias. Tanto Cofidis, que nació como subsidiaria de la alemana Otto -una especie de protoamazon-, como Cetelem empezaron con la venta a plazos de menaje del hogar por catálogo a finales de los 50 mirándose en el éxito de la incipiente era del consumismo de los Estados Unidos de postguerra. Desembarcaron en España casi a la vez, a finales de los 80, y también casi a la vez obtuvieron a mediados de los 90 la licencia bancaria del Banco de España para operar con préstamos. Su éxito ha sido indudable y los préstamos son sólo una parte de su cartera de productos. Cetelem asegura tener 3,5 millones de clientes en España y el volumen de negocio declarado ante el banco de España es de 404 millones de euros. Cofidis cuenta con 2,5 millones de clientes y mueve por encima de los mil millones. No son los mismos números que hace poco menos que una década, pero la rentabilidad de sus créditos al consumo siendo su índice de morosidad mucho más alto que el de la banca tradicional -más del 7%, según el Banco de España- es notable.

La imagen

Buena parte de sus beneficios son invertidos en publicidad y acciones sociales. Pocas empresas trabajan la imagen como las dos compañías francesas. “Hacer cambios, vivir nuevas experiencias, retomar antiguas inquietudes… tú sientes cuándo es el momento”, se decía en una de las últimas publicidades de Cetelem. “Porque tú pensabas que las app de ligar eran para otros y que Cofidis también era para otros, pues que vivan los cambios”, era el mensaje de la última campaña de Cofidis, cuya marca es conocida por el 81% de los españoles, en buena medida por su potente equipo ciclista que suele ser uno de los punteros en el Tour. Además, Cetelem lanza cada año su Observatorio del Consumidor donde se difunden buenos hábitos de consumo y Cofidis marca su perfil sostenible con su estrategia Like my planet, que declara la guerra a los plásticos, o la serie de YouTube presentada por Mercedes Milá llamada Vidas by Cofidis, en la que se cuentan historias de superación que “te animan a reencontrar la ilusión y emprender nuevos cambios”.

En el reverso se encuentran sus reveses judiciales, las denuncias de las asociaciones de consumidores y, en el caso de Cofidis, incluso las multas del Banco de España. En noviembre de 2022 le fue impuesta una sanción de más de cuatro millones y medio de euros por dos infracciones graves que se resumían en “la sistemática inclusión en los documentos de solicitud de préstamo de una cláusula mediante la que se indicaba que el cliente solicitaba simultánea e indisolublemente una línea de crédito que estaba alejada, en términos de forma de amortización y coste, de la financiación originariamente pretendida por el cliente”.

"La concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales facilita el sobreendeudamiento de los consumidores”

Por su parte, Cetelem fue condenada en 2021 a devolver a una de sus clientas 33.000 euros después de haber iniciado su relación con ella hace 19 años, cuando se le otorgó un préstamo de 15.000 euros. Durante todo este tiempo la usuaria había abonado 49.000 euros y el préstamo, que se había ido acumulando con otros créditos para solventar el primero, seguía vivo en su principal. La demandante había denunciado también el acoso con “llamadas intimidatorias tanto a mí como a mi entorno cercano para conseguir que pagara las cuotas”. En esta sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid la magistrada afirmaba que “la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales facilita el sobreendeudamiento de los consumidores”

Pero, en líneas generales siguen siendo muy pocos los consumidores que se lanzan a la denuncia y los que lo hacen no siempre consiguen que se les dé la razón. La ley Azcárate crea una filosofía, pero no se puede adentrar más de cien años después en contratos detrás de los cuales hay poca o nula investigación de la solvencia y que se conceden a veces con un click del ordenador. La actividad de estas entidades consiste en muchas, la mayoría de ocasiones, en dar un alivio inmediato a las economías de consumidores en situación precaria. Esto pone en peligro, a medio plazo, la viabilidad económica de los afectados. El debate sigue siendo dónde se establece el punto en el que estas personas merezcan protección jurídica. No es muy diferente a las historias que contaba Pérez Galdós. El personaje de Francisco Torquemada sigue entre nosotros. Y, desde entonces, no se ha vuelto a legislar sobre ello.