Bruselas pide multar a España por no aplicar la directiva que exime del IVA a autónomos y pymes

La Comisión Europea pedirá al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una multa contra España en la demanda planteada por no haber adoptado a tiempo una directiva que permitiría a las pymes españolas aplicar una exención del IVA cuando operan en otros Estados miembro y otra norma que actualiza las reglas de este impuesto para determinados servicios digitales, bienes de segunda mano y obras de arte.

El Ejecutivo comunitario actúa así después de que España no haya notificado la transposición de ambas normas pese al expediente por incumplimiento abierto por los servicios comunitarios, que ya enviaron una carta de emplazamiento y posteriormente un dictamen motivado en las fases previas del procedimiento de infracción para instar al Gobierno a cumplir los plazos.

En primer lugar, la Comisión reprocha a España no haber incorporado las normas que actualizan el régimen del IVA aplicable a las pequeñas y medianas empresas, una reforma adoptada en 2020 con el objetivo de simplificar las obligaciones fiscales de estas compañías y reducir distorsiones de competencia en el mercado interior.

El Ejecutivo comunitario explica que, aunque España ha indicado que no tiene intención de aplicar la exención del IVA para pymes prevista en esta directiva al tratarse de una medida opcional para los Estados miembro, el país sigue obligado a transponer las disposiciones que permiten a las empresas establecidas en su territorio acogerse a este régimen en otros países de la UE.

En concreto, subraya que para que una pyme española pueda beneficiarse de esta exención en otro Estado miembro debe registrarse previamente ante las autoridades fiscales españolas, un procedimiento que no puede aplicarse mientras la normativa europea no se haya incorporado al derecho nacional.

Además, Bruselas reprocha a España no haber transpuesto una segunda directiva adoptada en 2022 que modifica las normas sobre los tipos del IVA e introduce disposiciones obligatorias sobre el lugar de prestación de determinados servicios cuando se transmiten o se ofrecen de forma virtual.

Riesgos de doble imposición

Según la Comisión, la falta de adaptación de estas reglas puede generar riesgos de doble imposición o de ausencia de tributación, dado que el resto de Estados miembro ya han incorporado estas disposiciones a su legislación y aplicarán criterios distintos.

Esta directiva también introduce cambios en el régimen especial del IVA aplicable a bienes de segunda mano, obras de arte, objetos de colección y antigüedades, cuya falta de transposición también puede provocar distorsiones de competencia en el mercado interior, según Bruselas.

Los Estados miembro debían adoptar las medidas necesarias para incorporar ambas directivas a su legislación nacional antes del 31 de diciembre de 2024 y comunicar estas medidas a la Comisión dentro de ese mismo plazo.

Ante la ausencia de notificación por parte de España, el Ejecutivo comunitario envió dos cartas de emplazamiento el 31 de enero de 2025, seguidas de dictámenes motivados el 17 de julio del mismo año en los que instaba a las autoridades españolas a completar la transposición de estas normas.

Sin embargo, hasta la fecha España no ha comunicado a Bruselas la adopción de las medidas necesarias para adaptar su legislación a estas directivas y sigue siendo el único Estado miembro que no lo ha hecho. Por ello, la Comisión ha decidido finalmente llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y solicitar la imposición de sanciones financieras.

Las organizaciones sectoriales aplauden a la UE

Las organizaciones de autónomos ATA y UPTA han celebrado este miércoles que la decisión de la Comisión Europea de reclamar multar contra el Gobierno español por no trasponer la directiva europea que permitiría a los autónomos no pagar ni declarar el IVA si facturan menos de 85.000 euros anuales.

Esta normativa europea, que debería haberse aplicado desde el 1 de enero de 2025, introduce el llamado IVA franquiciado, que permite a los autónomos y pequeñas empresas con menor volumen de facturación acogerse a un sistema simplificado que reduce cargas administrativas y mejora su liquidez.

La implantación de este sistema fue negociada entre las organizaciones de autónomos y el Ministerio de Hacienda durante meses, pero el Gobierno no adoptó ninguna medida al respecto pese a las advertencias de Bruselas.

"A fecha de hoy, el Gobierno de España sigue sin adoptar ninguna medida legislativa para trasponer la directiva europea 2020/285. La normativa española carece de un régimen general de franquicia del IVA basado en un umbral de facturación. Los autónomos españoles son los únicos en la Unión Europea que no se pueden acoger al IVA franquiciado si facturan menos de 85.000 euros", ha denunciado el presidente de ATA, Lorenzo Amor.

Según Amor, la falta de previsión legal de un umbral de exención y la inexistencia de procedimientos de control y registro adaptados a la hora de aplicar de repercutir y liquidar el IVA "son dos de los obstáculos principales que llevan a los autónomos a vivir con inseguridad legislativa".

Ahorraría hasta 600 euros a los autónomos

El presidente de ATA ha subrayado que España está "discriminando" a sus autónomos frente al resto de países europeos, que sí han traspuesto esta directiva, y ha cifrado en hasta 600 euros el ahorro para los autónomos en costes y burocracia si pudieran aplicarse el IVA franquiciado.

"El Gobierno es lento y perezoso es trasponer directivas que facilitan la labor a los autónomos y pequeños empresarios pero es ágil cuando son directivas que significan recaudar más", ha denunciado Amor, que espera que el TJUE se pronuncie cuanto antes.

UPTA: "No es un capricho, sino una necesidad"

Por su parte, UPTA ha señalado que, según estimaciones del sector, más de un millón de autónomos en España podrían beneficiarse de este régimen simplificado del IVA, "lo que supondría un importante alivio administrativo para los profesionales con menor volumen de facturación".

La organización que preside Eduardo Abad ha recordado en un comunicado que la implantación del IVA de franquicia forma parte de las reformas que el colectivo de autónomos lleva años reclamando para lograr un marco fiscal "más sencillo, estable y adaptado a la realidad del trabajo autónomo".

"El IVA de franquicia no es un capricho ni una medida menor. Es una necesidad para miles de autónomos que llevan años reclamando una fiscalidad más sencilla y adaptada a la realidad de los pequeños negocios, y el Ministerio de Hacienda se equivocó al no ponerlo en marcha cuando ya estaba acordado con las organizaciones representativas del colectivo. El Gobierno debe retomar este compromiso, cumplir con Europa y, sobre todo, cumplir con los autónomos", ha recalcado Abad.