Trabajo y sindicatos firman el acuerdo para adaptar la prevención de riesgos laborales a los problemas del siglo XXI

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han firmado este martes un acuerdo para actualizar y modernizar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, vigente desde 1995, con el objetivo de adaptarla a los nuevos riesgos del siglo XXI, entre ellos los vinculados a la salud mental, el cambio climático y la digitalización

Durante el acto de la firma, Díaz ha subrayado el alcance del pacto al afirmar que se trata de “la norma más importante que vayamos a hacer en estos seis años”, al estar directamente relacionada con “la salud y la vida de las personas trabajadoras”. En este sentido, ha recordado que la siniestralidad laboral continúa causando alrededor de 700 muertes al año, una cifra que, en palabras de la ministra, resulta inasumible en una democracia avanzada. “No podemos permitir que, de media, más de dos personas mueran cada día en su puesto de trabajo”, ha advertido.

La actualización de la ley responde a una transformación profunda del mundo del trabajo. Según ha explicado Díaz, hoy existen riesgos que hace apenas una década eran “ciencia ficción”, como los derivados del uso de algoritmos que organizan tareas, marcan ritmos de producción o influyen en las evaluaciones de desempeño. “Cuando un algoritmo decide ritmos, tareas o evaluaciones, puede intensificar el trabajo hasta generar enfermedad. Esto no es neutral”, ha señalado, ligando directamente la digitalización y la gestión algorítmica con el aumento del estrés y los problemas de salud mental. 

El acuerdo se enmarca, además, en el reconocimiento internacional del derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable como derecho fundamental por parte de la Organización Internacional del Trabajo, y se alinea con la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027. La nueva norma incorpora una visión más amplia de la prevención, que deja de centrarse únicamente en el puesto de trabajo para poner el foco también en la persona que lo ocupa, su experiencia, su desgaste acumulado y el momento vital que atraviesa. 

La reforma contempla situaciones específicas como el embarazo y la lactancia desde una lógica preventiva, así como la realidad de los trabajadores autónomos que desarrollan su actividad dentro de empresas en régimen de contrata. Asimismo, integra la edad y la diversidad generacional como elementos centrales en la política preventiva y refuerza la coordinación entre empresas para evitar que quienes encadenan subcontratas queden desprotegidos. 

Acuerdo sin la patronal

El acuerdo para actualizar la norma ha sido suscrito entre el Ministerio de Trabajo y las organizaciones sindicales CCOO y UGT, pero no por la patronal CEOE y Cepyme, que no forman parte del pacto después de que Trabajo decidiera el pasado noviembre, y tras casi 20 meses de negociación, cerrar la mesa tripartita de negociación al hartarse de la actitud "inasumible, inconsecuente y de rémora" que mostraron los empresarios en esta negociación, en palabras del secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.

Aun así, Díaz ha defendido que el pacto alcanzado es un “ejemplo de manual” de diálogo social y ha lamentado la ausencia de la patronal en una reforma que, a su juicio, trasciende cualquier debate ideológico. “Proteger la salud y la vida de la gente trabajadora no es una cuestión de partido, es una política de Estado”, ha afirmado. 

Desde el ámbito sindical, Pepe Álvarez y Unai Sordo han apelado directamente a la responsabilidad de los grupos parlamentarios para que la norma supere con rapidez los trámites legislativos y se convierta en ley. Álvarez ha advertido de que el Parlamento deberá decidir si aborda esta reforma con la urgencia que requiere o si la convierte en parte del “espectáculo” político. Además, ha instado a la patronal a “dar un paso adelante” y sumarse al acuerdo, defendiendo que los márgenes empresariales permiten mejorar tanto la prevención de riesgos como los salarios. 

Por su parte, Sordo ha denunciado el infrarregistro de las enfermedades profesionales y ha subrayado que esta reforma responde a una reivindicación histórica del sindicalismo para visibilizar riesgos que han ido ganando peso en los últimos años, especialmente los de carácter psicosocial, estrechamente ligados al aumento de las bajas laborales.

Desde la CEOE, su presidente, Antonio Garamendi, ha criticado las formas empleadas por el Ministerio de Trabajo y ha cuestionado que se pueda hablar de diálogo social sin la participación de la patronal. “No compartimos en absoluto lo que se está haciendo ni las formas”, ha señalado en declaraciones realizadas en Marruecos, marcando así la distancia del empresariado respecto a una reforma que, no obstante, avanza con el respaldo del Gobierno y de los sindicatos mayoritarios.