González de Lara (CEA): "Hemos vuelto a 25 años atrás por la desconexión ferroviaria de Andalucía"

Javier González de Lara (Málaga, 1963) acaba de ser reelegido para su cuarto mandato al frente de la patronal andaluza, una organización que engloba a 800 organizaciones y 200.000 empresas. El presidente de CEA se muestra preocupado por las injerencias políticas de Gobierno en las negociaciones de la patronal y los sindicatos, así como por la falta de debate sobre problemas de primer orden, como las elevadas cifras de ausentismo laboral y su coste para los empresarios, la dificultad para cubrir determinados empleos a pesar de los 600.000 registrados en la región, la falta de mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias y viarias, y el peligro de perder inversiones por la falta de redes de transporte eléctrico.

Pregunta.-El Gobierno ha pactado con los sindicatos la subida de un 3,1% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) con fuertes críticas a los empresarios por no apoyar el acuerdo.

Respuesta.- Ese acuerdo no obedece a un acuerdo de consenso, sino a la política de monólogo social. Son las ocurrencias de los lunes a las que nos tiene acostumbrados la ministra en víspera de los consejos de ministros. El Gobierno debería fortalecer el diálogo social y aceptar que los agentes sociales pueden no coincidir con el Ministerio de Trabajo. ¿Es que estamos obligados a coincidir con su criterio? El SMI se calcula con un dato erróneo de partida de los pretendidos expertos porque no tienen en cuenta el sector agrario, la pesca, el comercio, el servicio doméstico... Nos parece sorprendente que la ministra y el presidente del Gobierno ataquen a los empresarios, que al final somos los que vamos a pagar. Lo que suele hacer el Gobierno es invitar a comer y después pagas tú. ¿Podemos asumir esa subida? Claro que los sueldos pueden subir pero fruto del acuerdo, del diálogo, de la negociación colectiva, no de manera unilateral.

P.-Sánchez exige a la CEOE sentarse a negociar mejoras de los salarios reales en los convenios colectivos, que es lo que viene ahora.

R.-Llevamos muchas décadas haciéndolo y no nos tienen que decir Sánchez qué tenemos que hacer. Lo que no queremos son injerencias políticas. Son acuerdos entre sindicatos y empresarios, pero la ministra de Trabajo y el presidente del Gobierno quieren marcar la agenda de la negociación. El ataque de Pedro Sánchez a los empresarios nos pareció desafortunado. Hay una situación de nervios, de ruido electoral que todo lo condiciona, incluso hasta las agendas. Nosotros hemos cumplido con un Acuerdo Nacional de Convenio durante tres años, con un incremento del 3,1% anual, incluso con una subida de punto más, y CEOE ha sido tremendamente riguroso y ha cumplido con las centrales UGT y CCOO. Queremos sentarnos a hablar de un acuerdo de negociación de convenios pero sin injerencias por parte de un Gobierno que se pone de parte de uno de los firmantes. Cuando uno tiene la responsabilidad política e institucional debe tener cierto criterio de arbitraje, de mediación... Si el Gobierno se pusiera sólo de parte de los sindicatos también se equivocaría, tiene que apoyarnos a todos. Necesitamos cierta imparcialidad del Gobierno a la hora de negociar.

P.¿La situación en Andalucía es diferente?

R.-Sí, porque hay respeto institucional, esa es la clave. Y lo digo independientemente del color político de quien gobierne. El respeto institucional se debe a que cada uno sabe el papel que tiene que desarrollar. Los acuerdos que hemos negociado con la Junta de Andalucía han sido respetuosos y se han puesto en marcha políticas en materia industrial, de impulso del empleo, reducción de trámites burocráticos... En Andalucía hay diálogo social y, en consecuencia, paz social. Con las centrales sindicales tenemos en la comunidad autónoma unas relaciones fluidas aunque a veces chocamos pero siempre nos hemos tenido mucho respeto. Juanma Moreno, presidente de la Junta, a una de las consejerías le puso la nomenclatura de 'Diálogo social' y eso es un gesto porque significa que está comprometido. Por contra, en España sí existe paz social pero no diálogo social. El diálogo social es la herramienta para llegar a la paz social pero es que la paz social se llega también a través de la negociación colectiva y afortunadamente hay 8.000 convenios colectivos que están negociando en España empresarios y sindicatos, de los cuales 850 son en Andalucía, y están llegando a buen término.

P.-La reducción de la jornada laboral busca disminuir las horas de trabajo semanales de 40 a 37,5 horas manteniendo el salario. Aunque la medida a 37,5 horas no se aprobó definitivamente en 2025, el debate sigue activo. ¿Cree que Sánchez intentará resucitarlo?

R.-Creo que ese tema está bastante olvidado como consecuencia del fracaso parlamentario. Esto fue otra ocurrencia de la ministra de Trabajo, que como siempre intentó imponer una cuestión ideológica: trabajar menos para vivir mejor, el lema del pasado 1 de Mayo. Esta sociedad necesita lo contrario: trabajar más, dar oportunidades, que los salarios suban como consecuencia del incremento de la productividad, menos presión fiscal...  Yolanda Díaz puede vender un mensaje idílico y fantasioso pero la realidad es radicalmente diferente. Los países competimos entre nosotros, la UE está intentando ser más productiva y enfrentarse a los grandes retos geopolíticos... y nosotros vamos en el sentido inverso. Afortunadamente no ha salido porque era una imposición que de nuevo volvía  vulnerar ese diálogo social. En la negociación colectiva hay tres temas fundamentales: salario, jornada y productividad. No puedes desde el ámbito político regular esos temas porque en la Constitución Española está recogido que la negociación colectiva corresponde a los agentes sociales. La productividad es una de las grandes asignaturas pendientes de España pero no interesa hablar de los verdaderos problemas que tiene el país, como el absentismo.

P.-Decía en Sevilla Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, que cada día 1,6 millones de personas no van a trabajar, con un coste de 16.000 millones de euros para el Estado y otros 16.000 millones de euros para las empresas. ¿Por qué ha crecido el absentismo?

R.-Son 33.000 millones de euros de coste. Es inasumible para los empresarios, que tienen que pagar las dos primeras semanas de baja, y a partir de ahí corresponde al Estado. Se trata de la segunda factura social más importante de nuestro país después de las pensiones y, sin embargo, no hay debate. No sé cuáles son las razones objetivas de este absentismo pero hay que hablar de esto para conocer las causas. Los ministerios implicados deben abrir las mesas de diálogo social para abordar este problema. Puede obedecer a cambios sociales, ya que desde la pandemia hay muchas personas a las que les cuesta más trabajo involucrarse en el mercado de trabajo; hay cada vez más patologías psicosociales, personas con problemas mentales; hay incapacidades temporales que están justificadas pero otras muchas miles no. De los 1,6 millones de personas que no van a trabajar cada día en España, cerca de 350.000 personas no presentan parte de baja. ¡Es una desidia total! La normativa establece que por protección de datos puedes no dar las razones en 48 horas de ser absentismo. Así que en España hay absentismo y ausentismo laboral.

P.-En su discurso de reelección como presidente de la patronal andaluza, dijo que "el trabajo dignifica más que cualquier subsidio permanente". Puyazo en toda regla a las ayudas sociales, subsidios o prestaciones económicas del Estado, como el Ingreso Mínimo Vital.

R.-Claro, las ayudas deberían ser un puente, no un destino. Tenemos que ayudar a las personas a dignificar su vida porque el bienestar se construye sin castigar el éxito, sino premiando a quien se esfuerza.

P.-Falta mano de obra en construcción, hostelería o agricultura en Andalucía, que tiene en torno a 600.000 parados y la tasa de paro del 14,5%. Los empresarios se ven obligados a contratar en origen en Marruecos o Latinoamérica. ¿Cómo se puede explicar esto?

R.-Cuesta trabajo entenderlo y explicarlo. En Andalucía hay cada año 50.000 o 60.000 puestos de trabajo sin cubrir y eso está vinculado a la especialización y la necesidad de formación. Faltan perfiles cualificados en sectores claves. Este es uno de los retos estructurales que tenemos, no sólo en Andalucía, sino en toda España, que no queremos abordar. Por eso al final los empresarios estamos a favor de una inmigración ordenada a través de cupos o contingentes porque alguien tendrá que hacer esos trabajos. En cuanto al proceso de regularización masiva de 500.000 inmigrantes, ha sido un brindis al sol  a la ideología y al electoralismo, y al final generará muchos problemas y aristas sociales. Hay que ser más sensatos intentando dentro de ese diálogo social usando los cupos en origen. Si no lo hacemos, entran los mundos ocultos de las mafias.

P.-Hay quien plantea retirar las ayudas sociales a quienes rechazan empleos acordes a su formación estando en el paro.

R.-No puedo estar más de acuerdo porque tenemos enormes problemas para encontrar trabajadores más o menos cualificados.

P.-Se ha producido un incremento de costes laborales, pero no se aplican en los contratos con la Administración pública. ¿Esto puede poner en peligro a algunas empresas y servicios públicos?

R.-Para el acuerdo del salario mínimo no estábamos cerrados en banda pero pedíamos compensaciones, como la indexación para que los ayuntamientos, diputaciones, gobiernos autónomos... pudieran realizar un incremento de las contratas para asumir esa subida del salario y las cotizaciones.  Hay empresas que al no indexarse los contratos, han abandonado los servicios públicos, o bien los concursos se quedan desiertos porque no salen las cuentas. Hay empresas de jardinería con contratos con la Administración, que desde el año 2017 les ha subido el salario mínimo un 66%, pero no les han actualizado las tarifas públicas.

P.-¿Podría haber una fuga de inversiones por la falta de redes de transporte de energía en Andalucía?

R.-.No tiene sentido que Andalucía sea la segunda comunidad de España en producción de energía renovable y no tenga capacidad para evacuarla porque no hay redes. Hay provincias como Sevilla, Málaga o Almería que están al 97%, algo muy preocupante porque significa que cuando una empresa quiere instalarse, lo primero que tiene que hacer es hablar con las empresas energéticas. Andalucía no está perdiendo aún inversiones por la carencia de redes eléctricas pero no sabemos si dentro de seis meses se va a poder instalar una empresa en Andalucía.

P.-Andalucía tiene importantes de problemas de conexión con el resto de España a raíz del accidente de Adamuz y las borrascas.

R.Andalucía es un cañón económico pero necesita del Ministerio de Fomento un plan global de infraestructuras viarias y ferroviarias serio y solvente. No quiero señalar a nadie porque tenga una tendencia política. A nosotros no es indiferente pero realidad es que han muerto 46 personas en un accidente ferroviario y alguna autocrítica debe haber por falta de mantenimiento. La gente está muy dolida con el funcionamiento de las infraestructuras de España. A la gente no se le puede engañar. Necesitamos que se actualice la red viaria, inversiones hídricas y el ferrocarril. Estamos sufriendo la desconexión ferroviaria de Andalucía con el resto de España, lo que nos está haciendo perder muchísima competitividad y está haciendo mucho daño a destinos turísticos como Sevilla, Córdoba o Málaga. El trayecto por tren entre Málaga y Madrid es ahora de 4,5 o 5 horas. Hemos dado un paso atrás y hemos vuelto a 25 años atrás. ¿Eso es ser competitivo? ¿Qué va a pasar con la Semana Santa? Ahora es el período en el que las familias deciden a dónde ir en verano. Si no hay certeza, pues probablemente elijan otros destinos.

P.-¿Están resolviendo los decretos de simplificación administrativa de la Junta de Andalucía los problemas de burocracia?

R.-Desde la Junta de Andalucía se ha hecho un esfuerzo importante con la simplificación administrativa, con tres decretos y uno en tramitación, orientados más a trámites internos de la propia Administración, lo cual es bienvenido, pero aún nos queda muchísimo para mejorar toda esa tramitación.

P.-Andalucía ha perdido proyectos industriales importantes: Santa Bárbara Sistemas se ha llevado a Asturias el montaje de los carros de combate Dragon 8 x8, Indra ha decidido implantar en León la fábrica de drones cuyos prototipos se hacen en Sevilla o la sede de Ayesa Digital se ha ido al País Vasco tras su compra por un consorcio en el que participa el Gobierno vasco. ¿Deben los gobiernos autonómos mover ficha para que sus empresas no salgan de los territorios?

R.-Ese es un tema complejo. La libertad de empresa significa que se pueden marchas empresas y pueden llegar otras, algo que sucede todos los días. Cuando los gobiernos regulan y controlan es malo porque al final el componente ideológico termina primando sobre la eficiencia de la compañía. Lo que tienen que hacer los gobiernos es poner las bases para que no se marchen las empresas, como pasó en su día con el procés catalán, que llevó a muchas empresas a irse de Cataluña porque no había seguridad jurídica ni estabilidad política.

P.-Pero en Andalucía hay estabilidad política y seguridad jurídica.

R.-Desconozco si el Gobierno vasco cuenta con fondos propios o del Gobierno central, si puede primar con determinadas herramientas financieras que una empresa se instale en su territorio. El Gobierno vasco siempre ha sido muy agresivo en materia de atracción de empresas industriales y ha contado con mucho apoyo de los gobiernos nacionales del PP y del PSOE.

P.-Se cumplirá pronto un año de los aranceles de Trump. ¿Cómo le han ido a las empresas andaluzas?

R.-Esto va por barrios. En determinados casos se resolvió con medidas de la UE. Los aranceles limitan la competitividad y en el caso de Andalucía, el sector primario se ha visto muy perjudicado.  Se está recuperando la normalización pero evidentemente es una amenaza porque el Gobierno de EEUU le da por hablar de política arancelaria cuando hay desacuerdos en materia política.

P.-La mayoría de los agricultores y ganaderos rechaza el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. ¿Es una oportunidad o un peligro?

R.-En algunos casos puede ser un acuerdo histórico y positivo, sobre todo en el sector industrial, del automóvil, minero, aeronáutico, aceite... En el sector primario, la UE no ha tenido la sensibilidad para buscar medidas compensatorias como las cláusulas espejo. No se puede abrir a través de Mercosur un mercado europeo, con gran nivel de trazabilidad y seguridad alimentaria, a otras alternativas que no tienen los mismos controles. Llevan razón agricultores. Se están abandonando los campos porque no se le está dando apoyo. Además, el sector primario es crítico y hay que proteger todos los procesos de producción agrícola, sobre todo después de la pandemia, para garantizar la autonomía alimentaria, como perseguimos también la autonomía energética.

P.-Acaba de ser reelegido para su cuarto mandato. ¿Será el último o tiene carrete para más, como el alcalde malagueño Francisco de la Torre, con siete mandatos a sus espaldas?

R.-Jaja. Será lo que decidan los órganos de gobierno porque es una cuestión de confianza y salud. Si he conseguido algo ha sido forjar un equipo extraordinario, que es la síntesis de 800 organizaciones y 200.000 empresas. Al final, una sola persona no puede hacer nada. Esto es mérito de un gran equipo.

P.-Juanma Moreno siempre recuerda que ustedes dos tienen trayectorias muy similares. Dos malagueños al frente del Gobierno andaluz y la patronal. ¿Hay un clan malagueño en la política y la economía?

-(risas). Yo creo que no. Son circunstancias, casualidades de la vida. Pero tengo que hacer una precisión. Yo llegué a la presidencia de la CEA en 2014 y Juanma Moreno a la Junta en 2019. Yo fui avanzadilla. Bromas aparte, lo importan no es de dónde eres, sino hacia dónde quieres ir, y tener vocación de servicio. Juanma Moreno es un hombre entregado a su causa, con sus errores y sus aciertos, pero ha mostrado gran generosidad, como sucedió en su día con Susana Díaz.