El PSOE pedirá explicaciones a la Junta de Andalucía en el Parlamento por "su desidia" en la venta de Ayesa Digital

El PSOE ha anunciado que impulsará en el Parlamento andaluz una batería de iniciativas para que el Gobierno autonómico explique “con claridad y transparencia” su papel en la venta de Ayesa Digital, adquirida por un consorcio vasco liderado por BBK-Kutxabank por 480 millones de euros.

Así lo ha avanzado el secretario de Organización del PSOE de Sevilla y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael Recio, tras mantener un encuentro con parlamentarios sevillanos y representantes sindicales y del comité de empresa para analizar el impacto de la operación. En la reunión participaron, entre otros, el portavoz socialista en la Comisión de Industria, Enrique Gaviño; el secretario general de UGT Sevilla, Juan Bautista Ginés; el responsable de Fesmc en UGT Sevilla, Enrique Jiménez, y el presidente del comité de empresa de Ayesa, Miguel Marín.

Recio ha lamentado la “desidia del Gobierno andaluz en una operación de venta que tiene una carga muy negativa para Sevilla y para Andalucía” y ha expresado la preocupación del PSOE por las posibles consecuencias de la transacción. “No somos alarmistas, pero hay riesgo de deslocalización, de irrelevancia en la toma de decisiones y de optimización de puestos de trabajo”, ha advertido. A su juicio, la Junta de Andalucía debe dar explicaciones sobre la venta de una empresa “tractora” y puntera en ámbitos como la computación, la gestión de datos o la ciberseguridad, “nichos de empleo futuro”.

El dirigente socialista ha criticado además el “silencio inicial” del Ejecutivo autonómico y ha calificado de “ridículas” las declaraciones del consejero de Industria, Jorge Paradela, al alegar que la Junta “no tiene instrumentos para hacer nada”. En este sentido, Recio ha recordado que en 2023 el Gobierno andaluz se desprendió del 22% del capital de Ayesa Digital, “malvendiendo”, según sus palabras, su principal herramienta de intervención y profundizando en un “proceso de pérdida de lo público”.

Desde el Ejecutivo autonómico, la posición oficial pasa por expresar “confianza” en que los nuevos propietarios se pronuncien públicamente para ratificar la continuidad del empleo en Andalucía. La Junta se ha remitido a una conversación mantenida el pasado 30 de diciembre entre Paradela y su homólogo vasco, Mikel Jáuregui, en la que se habría abordado esta cuestión. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero andaluz insistió en que la operación responde a una decisión del fondo que controla el 70% del capital de Ayesa y negó la participación de la familia Manzanares.

La preocupación por el futuro de la plantilla también ha sido compartida por CCOO, que ha cargado contra la Junta por “excusarse” en el modelo de financiación autonómica para eludir su responsabilidad. El sindicato ha reclamado una implicación directa del Gobierno andaluz para garantizar el empleo y ha recordado que el crecimiento de Ayesa está ligado en gran medida a Andalucía y al apoyo público recibido durante años. “El problema es que no se interviene porque no se quiere; es una cuestión ideológica”, han señalado, contraponiendo la política andaluza con otros territorios: “Mientras en Andalucía se privatiza, en Euskadi se nacionaliza”.