Tribuna económica
Gumersindo Ruiz
Mercosur, incertidumbres y esperanzas
La firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, el pasado sábado en Asunción (Paraguay), abre un nuevo ciclo para las economías europeas con mayor exposición exterior. Andalucía se sitúa entre las regiones con más que ganar –y también más que proteger– en un escenario que rebajará o eliminará más del 90% de los aranceles entre ambos bloques, modificará incentivos industriales y reforzará las cadenas de suministro globales.
El acuerdo garantiza un acceso más estable a un mercado de 270 millones de consumidores en Mercosur, con un poder adquisitivo creciente. Para Andalucía, cuyo tejido exportador combina alimentos frescos, transformación agroalimentaria y un ecosistema tecnológico ligado a la sostenibilidad, supone un marco competitivo más ventajoso: menos barreras, más previsibilidad y un entorno donde la procedencia europea sigue siendo un sello de confianza.
La eliminación de aranceles y la armonización de estándares refuerzan la posición de las empresas que ya operan con altos niveles de trazabilidad y certificación. El aceite de oliva emerge como uno de los sectores con mayor capacidad de expansión: la supresión gradual del arancel del 10% en Mercosur permite anticipar un aumento de las ventas en Brasil, un mercado estratégico para el sector. También el vino y las bebidas espirituosas encuentran un horizonte más favorable con la desaparición de tasas elevadas en plazos reducidos, lo que facilita la entrada del jerez y otras denominaciones andaluzas.
Los sectores industriales europeos con ventajas comparativas –maquinaria, bienes de capital, química, farmacéutica– serán claros beneficiados. Andalucía, con una industria renovable en expansión, capacidades en ingeniería y un creciente ecosistema de empresas vinculadas a la economía verde, puede capturar una parte relevante de esa demanda. Además, la transición energética que promueven los países de Mercosur abre espacio para la exportación de tecnología andaluza en fotovoltaica, hidrógeno verde y gestión de redes.
El contexto de estabilidad normativa y previsible que establece el acuerdo favorece la llegada de inversión europea hacia Iberoamérica, pero también la relocalización en regiones europeas con capacidad logística. Andalucía, nodo natural entre Europa y África y anclada en puertos estratégicos, podría consolidarse como plataforma exportadora para empresas que busquen aprovechar la ampliación del mercado.
El pacto simplifica procedimientos y reduce burocracia, lo que ofrece un incentivo adicional para que pymes andaluzas den el salto a mercados donde antes operaban con sobrecostes o incertidumbre regulatoria.
La entrada con menores costes de manufacturas provenientes de los países del Mercosur –especialmente en automoción, autopartes, textil o bienes metálicos– puede tensar a las industrias andaluzas más vulnerables, que ya compiten con dificultades por productividad, escala o costes laborales. La apertura acelera la necesidad de modernización en sectores donde la región mantiene debilidades estructurales.
La apertura del mercado europeo a productos agroalimentarios del Mercosur, incluso con salvaguardas, introduce una presión competitiva significativa sobre dos pilares del campo andaluz: la agricultura de alto valor añadido y la ganadería extensiva e intensiva. Los países del bloque sudamericano cuentan con escalas de producción mucho mayores, costes inferiores y un perfil exportador centrado en materias primas y productos agroganaderos, lo que puede tensionar a agricultores y ganaderos andaluces en un entorno donde los márgenes ya son ajustados y la rentabilidad depende de la estabilidad regulatoria y de los costes de insumos.
En agricultura, la competencia afectará sobre todo a cultivos sensibles a los precios globales –cereales, oleaginosas o determinados procesados–, sectores donde Andalucía no opera con las mismas ventajas de escala que Brasil, Argentina o Paraguay. Aunque los productos estrella de la región (hortofrutícolas frescos, aceite de oliva, transformados con fuerte componente de calidad) parten con ventaja reputacional y normativa, sí pueden verse condicionados por desplazamientos en precios internacionales que alteren su competitividad en terceros mercados. En el caso del aceite, frente al arancel del 10% –con reduccíón gradual– para el producto andaluz, el producido en Mercosur entrará en la UE libre de arancel desde el inicio, lo que puede incentivar la producción en países con menores costes laborales y regulatorios. Los cítricos se encuentran ante la amenaza de una mayor presencia de zumos brasileños en el mercado europeo, un factor que puede tensar un sector que ya compite en condiciones complejas. El arroz encara un escenario especialmente delicado con la entrada de un cupo que equivale a casi un tercio de la producción anual andaluza, lo que altera los equilibrios comerciales habituales. El azúcar, con la entrada libre de un volumen elevado procedente de Mercosur, añade más presión a una industria remolachera debilitada desde hace años. Y la aceituna de mesa queda en una posición notoriamente desfavorable: Andalucía mantendrá un arancel del 12,6% al exportar al bloque sudamericano, mientras que la aceituna argentina entrará en la UE sin tasas en siete años, lo que crea un diferencial competitivo difícil de absorber.
En ganadería, el riesgo es aún más directo. La entrada de carne y derivados procedentes del Mercosur a costes sensiblemente inferiores puede impactar en vacuno, porcino, aves de corral y lácteo, sectores que ya operan bajo elevados requisitos de bienestar animal, trazabilidad y sostenibilidad. La posible erosión de cuota de mercado se agrava en aquellos segmentos donde el consumidor europeo no distingue claramente el origen o el modelo productivo, lo que deja al productor andaluz expuesto frente a competidores con estructuras de costes mucho menores.
El vacuno y las aves de corral, pese a los cupos establecidos por la UE, afrontan la posibilidad de una presión a la baja en los precios si los productos importados llegan situados en segmentos de calidad capaces de desplazar referencias europeas.
A todo ello se suman los requisitos ambientales y de trazabilidad que la UE hará cumplir de manera estricta a su propio sector y a las importaciones. Si los mecanismos de control no son simétricos, la competencia puede volverse desequilibrada. Y, aunque el acuerdo exige estándares robustos, la capacidad de verificación real en origen determinará si existe o no una igualdad efectiva de condiciones. Para muchas explotaciones andaluzas, la adaptación a estos estándares supone inversiones que no siempre resultan asumibles sin apoyo público ni escala suficiente.
Las obligaciones reforzadas en materia de sostenibilidad, deforestación cero, trazabilidad y control de terceros elevan de forma significativa el nivel de cumplimiento exigido para exportar a mercados del Mercosur y para participar en cadenas europeas que operen con estándares unificados. Esto implica inversiones, sistemas de control y auditorías que no todas las pymes andaluzas tienen hoy integradas.
La volatilidad cambiaria, la complejidad fiscal y los marcos regulatorios menos estables en algunos países del bloque pueden afectar la rentabilidad real de las operaciones andaluzas, especialmente en empresas con menor músculo financiero.
Uno de los desafíos menos visibles –pero más determinantes– es quién controla realmente el cumplimiento de los estándares ambientales, sanitarios y de trazabilidad en la entrada de mercancías procedentes del Mercosur. Si estos controles quedan en manos de los Estados miembros, y no bajo supervisión directa y homogénea de la Unión Europea, la reciprocidad puede quedar comprometida.
El riesgo es evidente: si los productos agrícolas y ganaderos del Mercosur entran por megapuertos de países con escasa producción propia —como Países Bajos, grandes hubs logísticos pero sin un sector agrario potente que defender—, el rigor de las inspecciones puede relajarse. De hecho, ese problema ya existe, porque, para esos Estados, la competencia desleal no afecta a sus economías, lo que deriva en controles menos estrictos y, en la práctica, facilitar la entrada de mercancía sin las garantías exigidas al productor andaluz. Mercosur multiplicará exponencialmente ese problema.
En cambio, regiones con fuerte peso agrario –Andalucía, Castilla y León, Galicia, Extremadura– dependen de que las reglas se apliquen con el mismo nivel de exigencia en toda la UE.
Si no se refuerza un sistema centralizado, armonizado y supervisado directamente por la Comisión Europea, el acuerdo derivará en una competencia desigual: productos sudamericanos entrando con un nivel de escrutinio insuficiente, mientras el productor andaluz continúa sometido a estándares mucho más altos y costosos de cumplir. Garantizar reciprocidad real depende, por tanto, de un control europeo no fragmentado. Para Andalucía, garantizar un sistema homogéneo y centralizado de control europeo es esencial para preservar un marco competitivo justo.
La apertura que supone el acuerdo UE-Mercosur no es neutra. Andalucía parte con fortalezas claras –proyección exterior, potencia agroalimentaria, energía renovable, logística–, pero también con sectores expuestos que pueden sufrir ante la competencia reforzada y ante el incremento de requisitos ambientales y de cumplimiento.
La región puede ser una de las grandes beneficiadas si logra anticiparse: modernizar industria, invertir en certificación, aprovechar su posición logística y acompañar a pymes que quieran dar el salto. Si no se activa una estrategia clara, el acuerdo puede agrandar las brechas internas entre sectores competitivos y aquellos que lo son menos.
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