El arma nuclear de Almaraz

La decisión de la presidenta de Extremadura, María Guardiola, de adelantar las elecciones de la comunidad para el 21 de diciembre justo cuando se profundiza el debate sobre el futuro de la central nuclear de Almaraz añade carnaza a los grupos políticos para aderezar una campaña que se antoja a tumba abierta. La repercusión que tiene el complejo nuclear en la comarca de Campo Arañuelo es manifiesta, con más de 4.000 familias dependientes, entre empleo directo e indirecto, un dato suficiente para armar discursos. Los alcaldes del entorno, de todas las tendencias, se han proclamado a favor de la continuidad y se han unido en plataformas en su defensa.

Otra cosa es lo que digan en los cuarteles regionales. Mientras Guardiola, que se presenta a la reelección, ya reflejó su postura con el compromiso de reducir a la mitad la ecotasa que paga Almaraz si finalmente llegaba la prórroga, la izquierda alberga dudas. No todos los extremeños se han convertido en pronucleares de la noche a la mañana e insisten en el cierre pactado. En definitiva, el Ministerio para la Transición Ecológica (o sea, el Gobierno) todavía no tiene nada claro por dónde va a salir.

Seguramente, los propietarios de la central (las tres grandes eléctricas, Iberdrola, Endesa y Naturgy) no se esperaban la convocatoria, pero pocos días después presentaron la petición oficial para la prórroga de los dos grupos de la central hasta junio de 2030. En realidad, la petición es una miniprórroga porque supone solamente tres años para Almaraz 1 y dos para Almaraz 2, cuyos cierres están previstos para noviembre de 2027 y octubre de 2028. No se entiende muy bien que la solicitud sea por un periodo tan corto, lo que hace presumir que las eléctricas quieren calibrar la actitud del regulador para, una vez vista la respuesta, presionar de nuevo al Ejecutivo para una ampliación con todas las de la ley. Si no, no se entiende que hayan estado pregonando por activa y por pasiva (y por perifrástica) que se puede ampliar al menos 10 años e, incluso, 20, tendencia que, por otra parte, se ha producido en las nucleares de la llamada segunda generación (como la de Almaraz) de otros países.

El departamento que dirige la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, se ha limitado a señalar que “darán traslado de la petición al Consejo de Seguridad Nuclear [CSN]”, el organismo encargado de quitar y poner en la materia. Es decir, no es el ministerio el encargado de cumplir y hacer cumplir la normativa, sino el CSN, “al objeto de que pueda valorar la solicitud y emitir su preceptivo informe”. Por si acaso, Aagesen, en unas declaraciones con motivo de una visita a la localidad de Beas de Segura (Jaén), ha puesto las líneas rojas que se deben respetar: cualquier prórroga de la vida de las nucleares debería ser segura desde el punto de vista de la seguridad nuclear y de suministro y, sobre todo, que no supusiera un coste adicional para los consumidores y los contribuyentes.

En ese sentido, las empresas, a través de la firma conjunta Centrales Nucleares de Almaraz y Trillo (CNAT), han subrayado su compromiso para seguir operando de forma “segura, fiable y eficiente, manteniendo los altos estándares que la sitúan entre las mejores centrales del mundo”. Destacan que la central es “una infraestructura esencial que suministra más del 7% de la electricidad consumida en España, cifra equivalente a cuatro millones de hogares”. También aprovechan para destacar que es el “principal motor económico de su entorno” y una de las principales industrias de Extremadura, “generando puestos de trabajo de alta cualificación y larga duración, además de tener un efecto tractor sobre otras industrias”. Asimismo, sostiene que “cumple con todos los requisitos” de seguridad y que está vigente hasta 2030.

El mes de octubre era el límite para pedir la prórroga. Ahora, el CSN tiene hasta marzo de 2026 para la decisión definitiva. La solicitud llega en un momento en que todavía no se han resuelto los enfrentamientos que derivaron del apagón entre las empresas y el Gobierno. Precisamente, el apagón avivó el fuego de las nucleares, so pretexto de que pueden evitar situaciones de inestabilidad. Las propias compañías, que esgrimieron la necesidad de la energía nuclear para la estabilidad del sistema ante el riesgo de apagón, han reconocido también en estos días que “no pueden ser habilitadas para consignas dinámicas de tensión por razones de diseño y seguridad”. Es decir, reconocen que la tecnología atómica tiene sus limitaciones para controlar inestabilidades de tensión.

El cierre de Almaraz se pactó en 2019, cuando se fijó un calendario que situaba a la instalación extremeña en primer lugar y Trillo en el último, 2035

Las eléctricas disparan desde el poderío que les dan unos resultados récord. Las tres compañías proyectan unas ganancias de cerca de 11.000 millones de euros este ejercicio, lo que deja en el olvido las consecuencias del apagón. Culparon a Red Eléctrica, la empresa que gestiona la red de alta tensión, y este grupo culpa a algunas centrales convencionales propiedad de aquellas. Un rifirrafe que se agranda con los ataques por el precio de la luz que las compañías atribuyen a REE por operar a costa de mantener a centrales convencionales en alerta. Una situación en la que las empresas salen beneficiadas por un lado y perjudicadas por otro, ya que producen y distribuyen. Y, en medio de todo, aparece un nuevo operador, Repsol, que en medio de todo el pandemónium ha ido quitando clientes a las grandes. Un tema para otro capítulo.