Aznalcóllar: una sentencia que demuestra la verdad

LAS actuaciones del “caso Aznalcóllar” se iniciaron en marzo de 2015, tras una denuncia presentada por Emerita Resources España y que contenía una cuidadosa selección de delitos penales: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y negociación ilegal. Un par de semanas después añadieron otras presuntas –supuestas, mejor dicho– irregularidades, y ya en abril, cómo no, Ecologistas en Acción solicitó personarse, lo cual le fue aceptado. También se aceptó la personación solicitada por SC Andalucía Mining como perjudicada.

Yo me atreví a escribir en estas mismas páginas que la denuncia tenía todo el aspecto de no ser otra cosa que una estafa procesal, una querella catalana diseñada en previsión de que la adjudicación fuese otorgada al otro concursante y teniendo en cuenta que la prejudialidad penal paralizará la vía natural en este asunto: la contencioso-administrativa.

El objetivo de Emerita no era otro que la mera supervivencia de su matriz, Emerita Resources, en la bolsa de valores de Toronto. Los permisos de investigación que titulaban en otros lugares de España no habían dado ningún resultado apreciable y confiaban en que al concurso no se iba a presentar ningún competidor de importancia. Pueden imaginarse el impacto que causó que concursase una empresa andaluza, Minorbis, contando con el compromiso explícito de apoyo por parte de una empresa minera de primera fila mundial: Grupo México. Minorbis soportó por su cuenta y riesgo la totalidad de los muy cuantiosos gastos del proyecto, tal como tuvo que ser demostrado posteriormente cuando, torticeramente, se intentó hacer creer a la justicia y al público que la compensación prevista de esos gastos no era sino una comisión. El mencionado compromiso se hizo realidad inmediatamente después de la adjudicación, cumpliendo con lo requerido en las bases del concurso: la creación de una sociedad de propósito específico y dotada con un elevado volumen de fondos propios (un alto porcentaje de la inversión prevista). Esa sociedad es Minera Los Frailes (Grupo México 95% del capital), constituida con unos fondos propios superiores a 90 millones de euros completamente desembolsados. La paciencia y los continuados gastos de Grupo México son para mí dignos de agradecimiento

No quiero extenderme mucho en otros aspectos, pero no puedo dejar de señalar que, como sociedades, ni Emerita España ni su matriz canadiense tenían la más mínima experiencia en la minería de cobre y que la manifestación de su respaldo financiero era una carta de Forbes & Manhattan, un minúsculo banco de inversión con un nombre ampuloso y cuya especialidad y servicios no era otros que asesorar y llevar a cotización a empresas incipientes.

Lograr atraer a Grupo México a Andalucía fue algo que superó todas las aspiraciones del Gobierno andaluz cuando convocó un concurso internacional para la reapertura de Aznalcóllar. Haciendo honor a la verdad, esa convocatoria fue resultado de la tenacidad del alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández Garrido, y de la valentía de la presidenta Susana Díaz, y la adjudicación fue resultado del trabajo honesto y profesional que hicieron los técnicos de medio ambiente y los de minas, dando todo un ejemplo de dedicación al servicio público. Personalmente, lamento mucho que aquel trabajo conjunto no haya sido convertido en un procedimiento estándar para la evaluación administrativa de proyectos mineros.

Seguramente, el lector ya sabe que por dos veces la jueza instructora, con apoyo de la fiscalía, acordó archivar el caso y qué, por dos veces, tras ser recurrido mediante nuevas denuncias y nuevos denunciados, la Audiencia ordenó –no sé si es el término correcto– ampliar las investigaciones o el inicio de otras. Así se llegó al juicio oral que tuvo lugar hace unos meses, cuya sentencia absolutoria es meridianamente clara, expresándose, además, con toda rotundidad sobre las torcidas intenciones del denunciante y de los dos personados. Merece ser leída, sobre todo por aquellos que todavía crean que los ecologistas organizados actúan de buena fe, lo cual es solo una apariencia para poder mantener un sentido trascendente de la vida. La realidad es que los objetivos seminales del ecologismo ya han sido alcanzados en nuestro país hace muchos años: conciencia social, normas estrictas y funcionarios especializados. El reto actual no es proteger el medio ambiente –esto ya se ha logrado– sino conciliar esa protección con las actividades productivas. Y esto sí que requiere mucho talento, porque lo fácil y lo cómodo es impedir. Lo difícil, lo retador, y lo que hoy día puede constituir algo ejemplar es una conciliación lograda con las oportunas prescripciones y medidas de compensación y mitigación. En Andalucía, afortunadamente, tenemos la oportunidad de producir varios ejemplos de alcance internacional en minería y medio ambiente. Sólo es cuestión de querer hacerlo.

Aunque la sentencia ha sido absolutoria, nada puede reparar el daño personal y profesional, en sus vidas y en sus carreras, que ha sido causado de una manera injusta e imperdonable a los servidores públicos que se han visto imputados en este caso. Aprovecho este artículo para mostrarles todo mi respeto.

El denunciante comunicó a la bolsa el resultado de la sentencia, pero, según es su costumbre, con unos términos que alientan las esperanzas de algunos accionistas ingenuos, si bien la inmediata y brusca caída de su cotización indica que no quedan muchos despistados. Tengo para mí qué, al margen de este asunto, su línea de vida está en anunciar un próximo pase a concesión de explotación desde los permisos de investigación que titulan en la provincia de Huelva. Lo cual, si no se produce, sería comunicado como debido a supuestos impedimentos de la Junta de Andalucía. No se lo crean, todavía está muy lejos de tener un proyecto que pueda justificar el otorgamiento de una concesión de explotación. Al menos en abril de este año carecían de una evaluación de reservas, sino solo recursos inferidos e indicados, según el documento NI 43-101 redactado por Wardell Armstrong. Y la ausencia de la identificación de un yacimiento explotable no se compensa con los inusitados anuncios de carretera que podemos ver en Huelva e incluso en la salida de Sevilla hacia Córdoba.