Tribuna Económica
Joaquín Aurioles
Corrupción
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Defender intereses particulares desde el estado, saltándose leyes o reglas, a cambio de beneficios particulares. F. Mogherini, antigua jefa de la diplomacia europea, imputada por corrupción. Hace unos días dimitía por la misma razón el jefe de gabinete de Zelensky en Ucrania. El virus circula sin control por todas partes, aunque a nosotros nos parezca que aquí lo hace con mayor impunidad. Es lógico porque los casos son especialmente graves y en el índice de percepción de la corrupción, que elabora Transparency International, España perdió cuatro puntos y diez posiciones en 2024. Efectivamente estamos peor que nunca, pese a lo mal que nos iba con las fechorías de Montoro, ahora descubiertas, o las de su antecesor Rato.
Ante el grave deterioro de la situación en España, esta misma organización presentó el pasado verano una propuesta de 100 recomendaciones y observaciones al Plan de Lucha contra la Corrupción del Gobierno. Difícil de resumir, pero podrían destacarse dos ideas. Una el reforzamiento del sistema institucional, es decir, la independencia de los contrapoderes del ejecutivo. Otro, la implicación en la ofensiva, junto al Gobierno, del sector privado y la sociedad civil. Ambas ideas van en una misma dirección: la corrupción es incompatible con la democracia y la mejor forma de acabar con la primera es fortaleciendo la segunda.
Argumentos similares se repiten en los Estados Unidos por una parte de la población, perpleja ante el descontrol del virus desde el regreso de Trump a la Casa Blanca. Se podría decir que en el manual del gobierno corrupto el primer paso consiste en desmontar el estado. Fue la tarea encomendada al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), a cuyo frente se colocó inicialmente E. Musk. La catarsis fue brutal, inmediata y, con toda probabilidad, ilegal, pero cuando en la niebla del enfrentamiento y la polarización se diluyen las responsabilidades políticas, todo resulta más sencillo.
El segundo paso es desalojar a los indeseables de centros de poder e instituciones independientes, aunque a veces resulte difícil, como ocurriera con el intento de despedir a Lisa Cook de la Reserva Federal. En su lugar, personal de confianza, con independencia de su competencia y de la magnitud del coste para la sociedad y la democracia, siempre que los intereses particulares, entre ellos los del propio Trump, estén garantizados. Por cierto, que el de la justicia es uno de los terrenos más difíciles de ganar en todas partes.
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