Sobre el Fondo España Crece

A mediados de enero, el Gobierno presentó por sorpresa la creación del denominado Fondo España Crece. Su dotación inicial serán 10.500 millones de euros con la que se espera movilizar unos 120.000 millones de euros mediante deuda privada e inversores nacionales e internacionales. Será gestionado por el ICO y se utilizarán instrumentos tales como participaciones en capital y –lagarto lagarto–, préstamos y avales. Naturalmente, serán inversiones estratégicas, para lo cual se ha creado un órgano al efecto: el Comité de Inversiones Estratégicas, aunque ya sabemos que, sin auténtica independencia, estratégico es todo aquello que convenga que lo sea.

Las inversiones se enfocarán en sectores que se consideran clave para mejorar la productividad de la economía española: energía, digitalización, inteligencia artificial, reindustrialización, economía circular, infraestructura, agua y saneamiento y seguridad (un eufemismo de defensa). Es decir, la selección convencional y lo que se suponía que íbamos a transformar mediante los fondos Next Generation. Me detengo un momento en la vivienda, ya que no veo que sea algo relacionable con el aumento de la productividad; al menos no sin dar volteretas a la búsqueda de relaciones causa-efecto. La verdad es que para ir solucionando el problema bastaría con dejar que se construyan viviendas –facilitar que haya suelo construible– y abaratar el coste fiscal de acceso a la vivienda. Creo que la acción pública tiene que dirigirse a aquellos que no pueden costear una vivienda, no a los que sí podrían hacerlo si las hubiese.

En realidad, este fondo no es una vía para darle continuidad a los efectos de los Fondos Next Generation, tal como se ha anunciado, sino que, en realidad, es la forma de poder aprovechar parte de la asignación restante a la que no tendremos acceso si el Gobierno no realiza las reformas que fueron pactadas en 2023 (addenda al Plan de Recuperación): energía, vivienda, mercado laboral, responsabilidad fiscal, productividad, sostenibilidad de las cuentas públicas, etc. Ahora son de muy difícil realización, dado el obtuso pensamiento de unos apoyos parlamentarios para quienes dichas reformas parecen ser el non plus ultra que llevaban tiempo buscando.

La imposibilidad de realizar esas reformas es, quizá, la verdadera causa por la cual ha habido que renunciar a unas facilidades crediticias por importe de unos 60.000 millones de euros, el 75% del total de la parte reembolsable de los fondos Next Generation. Se ha dicho oficialmente que es posible obtener ese dinero en el mercado, a un menor precio y con menores limitaciones, de lo cual no me cabe ninguna duda. Sin embargo, lo que no se va a conseguir en el mercado son los muchos años de carencia de esos créditos. Ni tampoco se van a realizar unas reformas estructurales que hace un par de años le parecían al Gobierno completamente razonables y asumibles.

En la presentación oficial se ha utilizado el término “fondo soberano”, quizá para darle empaque a lo que es solo un fondo de titularidad pública. Fondo soberano es una forma convencional de referirse a un fondo de riqueza soberana, también llamado fondo soberano de inversión. En general, estos recursos provienen de ingresos públicos derivados de la explotación de recursos naturales (impuestos, licencias o dividendos) o de reservas internacionales (superávit comercial). Entre los primeros, los más conocidos son los fondos soberanos de Noruega, Emiratos, Kuwait, Arabia Saudí y Chile. Por su parte, se dotan con reservas internacionales los fondos soberanos de Singapur, Corea del Sur y China (CIC, China Investment Corporation), entre otros.

Naturalmente, en el mundo hay muchos fondos de titularidad pública similares al recién anunciado, ya sean nacionales, regionales o de un estado federado, e incluso locales. Generalmente están basados en una dotación inicial ampliable y no en una asignación regular de recursos bajo reglas predeterminadas. Un ejemplo muy significativo de este tipo de fondos es el creado en Alemania en 2025, con una dotación de medio billón de euros destinados sobre todo a renovación y mejora de infraestructuras. Se financiará con emisión de deuda pública (tras una argucia para sortear algunos límites constitucionales).

Volviendo a los genuinos fondos soberanos, estos gestionan conjuntamente una riqueza inmensa: más de 13,5 billones de dólares en 2023, según el último Informe sobre Fondos Soberanos publicado por el ICEX e IE University. Aunque comparar riqueza con PIB es algo muy poco estricto –incluso diría que indebido–, he de apuntar que esa cifra equivale al 11% del PIB mundial estimado para 2026, nada menos, lo cual les convierte, en distinto grado, en actores significativos en las finanzas internacionales. La verdad es que la transparencia no siempre ha sido una de las virtudes de algunos de estos fondos, ni tampoco su hacer podría ser considerado un ejemplo de buenas prácticas. Por ello, y para establecer unas reglas generalmente aceptadas, se acordaron en 2008 los denominados “principios de Santiago”. Fueron adoptados por 26 países del FMI titulares de fondos soberanos y se extienden en tres ámbitos: a) marco legal, objetivos y coordinación con las políticas macroeconómicas; b) marco institucional y estructura de gobierno; y c) marco de gestión del riesgo y de la inversión.

Es decir, son principios que atañen a cómo se gobierna, cómo se decide, y cómo se evitan consecuencias no deseadas. Vale decir que nuestro España Crece es insignificante en relación con los grandes fondos soberanos y que no realizará inversiones en el exterior, pero creo que sí será, pero esto no obsta para que se le dote con una estructura de gobierno y sistema de decisión absolutamente inobjetables, no sea que volvamos a repetir algunos de esos errores ya bien conocidos.