El grupo Fuerte se hace con la explotación de la antigua residencia de Marbella por 5 millones anuales

La empresa Ritusa S.A., vinculada al grupo hotelero malagueño Fuerte Group, ha resultado adjudicataria provisional del derecho de superficie de la antigua residencia de tiempo libre de Marbella (Málaga), tras presentar la oferta económica más elevada del concurso, con un canon anual de 5.025.000 euros durante los próximos 75 años.

La Consejería de Economía ha abierto este miércoles las ofertas económicas de las dos empresas, Ritusa y Barceló, que optaban a la licitación de la residencia, ubicada en la autovía del Mediterráneo, y que ocupa una extensión de casi 197.502 metros cuadrados de parcela, con una superficie construida en la actualidad de 23.395 metros cuadrados.

La operación supera la estimación inicialmente prevista -un canon anual de 4 millones de euros- y permitirá destinar esos ingresos "a financiar servicios públicos esenciales", ha subrayado. El proyecto se pondrá en marcha una vez que se realice la firma oficial.

Así, la consejera de Economía, Carolina España, ha destacado que, "explotada ahora por un gestor profesional", la antigua residencia de tiempo libre "va a generar empleo y riqueza para Marbella y Málaga después de pérdidas millonarias para todos los andaluces".

La Junta de Andalucía conservará, de este modo, la propiedad del inmueble, construido en la década de los años 60, mientras que el adjudicatario (Ritusa) asumirá la explotación y una serie de obligaciones destinadas a garantizar el mantenimiento del edificio y la protección del patrimonio histórico andaluz.

"No tenía ningún sentido mantener sin uso la parcela y el edificio de la antigua residencia de tiempo libre, afrontando cada año el coste de su mantenimiento", ha afirmado la consejera.

Ha recordado que "ya existe un antecedente" de la transformación de una antigua residencia de tiempo libre, la de Cádiz, "convertida de forma exitosa en un complejo comercial y hotel de cuatro estrellas de la empresa Q-Hotels, que emplea en torno a medio millar de personas.

Las pérdidas económicas que suponía la explotación de las residencias de tiempo libre (más de 123 millones de euros en el periodo 2015-2023) y del fin social (apenas un 0,22 % de la población andaluza hizo uso de las mismas en 2022) llevó a finales de 2023 al Consejo de Gobierno de la Junta a iniciar los trámites para la supresión del servicio y la recolocación de su personal.