La Eurocámara paraliza el acuerdo con Mercosur tras llevarlo a la Justicia europea

El Parlamento Europeo remitió este miércoles el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que la corte comunitaria revise si es compatible con los tratados de la UE, lo cual de manera efectiva paraliza su tramitación hasta que los jueces dicten su opinión.

Por 334 votos a favor, 324 en contra y once abstenciones, el Parlamento Europeo dio luz verde a una moción que cuestiona si el acuerdo con el Mercosur, recién firmado este fin de semana tras más de un cuarto de siglo de negociaciones, respeta los tratados de la Unión Europea.

Sobre la mesa está la validez legal del mecanismo de reequilibrio que incluye el pacto, que varios diputados temen que pueda afectar a la autonomía regulatoria de la UE. Este mecanismo pedir una compensación cuando una de las partes crea que nuevas políticas de la otra anulan o perjudican los beneficios comerciales que esperaba del acuerdo. Algunos eurodiputados temen que esto suponga un freno para las políticas ambientales y climáticas de la UE, ya que los países de Mercosur podrían poner en marcha el mecanismo si se consideran dañados.

La Eurocámara también duda de la base legal elegida para su aprobación, que permite que los capítulos del acuerdo centrados en comercio puedan ratificarse sin el consentimiento de los parlamentos nacionales.

"Según nuestro análisis, las cuestiones planteadas por el Parlamento Europeo en esta moción no están justificadas porque la Comisión Europea ya las ha abordado de manera muy profunda con el Parlamento", dijo el portavoz del Ejecutivo comunitario Olof Gill tras preguntado por la decisión.

Añadió las cuestiones sobre las que está en duda su legalidad sido abordadas en tratados comerciales en el pasado, en particular en el acuerdo con Chile.

Técnicamente, la Comisión Europea podría activar la aplicación provisional de la parte comercial del acuerdo -algo que es enteramente de su competencia- pero políticamente es algo muy arriesgado, ya que podría enfadar a los eurodiputados y ponerse en riesgo la ratificación del pacto. Según informó Euronews, la máxima responsable de comercio de la Comisión, Sabine Weyand, ha dicho a los miembros de la Eurocámara en correos electrónicos que la aplicación provisional no se llevaría a cabo sin que el Parlamento estuviera de acuerdo.

Entre 18 y 24 meses puede tardar el TJUE en pronunciarse

Según el TJUE, este tipo de opiniones tardan de media entre 18 y 24 meses en ser pronunciadas, si bien la corte "tiene el control total" sobre los procedimientos y "puede, cuando las circunstancias lo requieran, dar prioridad a una solicitud de opinión en la práctica".

Diferentes voces dentro del Parlamento Europeo habían avisado en la víspera de que se trataría de un voto muy ajustado y habían advertido en contra de retrasar la ratificación del acuerdo con el envío de su texto al TJUE, especialmente ante las amenazas arancelarias de Donald Trump por el envío de tropas a Groenlandia por parte de ocho países europeos.

Fuerte revés para Bruselas y la mayoría de los 27 tras la firma el pasado sábado

Esto supone un fuerte revés para el pacto, después de que hace solo unos días, el pasado sábado, la Unión Europea (UE) y Mercosur firmaran, tras 26 años de negociaciones, un histórico acuerdo de libre comercio que dará lugar a una de las mayores zonas integradas del mundo, con 720 millones de personas.

Países como Polonia habían advertido hace unos días de que no se podía separar la parte comercial del acuerdo de asociación, como pretendía la la Comisión Europea, con el objetivo de que la reducción de aranceles para los productos a ambos lados del atlántico entrara los más rápidamente posible en vigor sin necesidad de la convalidación de los parlamentos nacionales

El pacto ahora paralizado permitía a los dos bloques, que juntos suman 31 países y representan cerca de un cuarto de la economía mundial, reducir o eliminar gradualmente los aranceles para alrededor del 90% de los bienes intercambiados entre ambos bloques, una medida celebrada por el sector empresarial suramericano y cuestionada por parte del agro europeo, que ha protagonizado protestas y movilizaciones.

Los agricultores y ganaderos europeos se han manifestado reiteradamente en contra de este acuerdo, al considerar que permitirá la entrada de productos del otro lado del atlántico con menos garantías sanitarias y con menos costes laborales. La UE, para paliar este problema, había impuesto cupos a productos sensibles (vacuno, carne de ave, arroz, miel, etc.) y había establecido salvaguardas para que si había alteraciones en el mercado se pudieran paralizar las importaciones.

El campo andaluz saldrá a la calle contra el acuerdo el próximo 29 de enero en unidad de acción, contra el acuerdo con Mercorsur y también en protesta por los recortes para la Política Agraria Común (PAC) previstos en Marco Financiero Plurianual 2028-2034. En el caso de Mercosur, el sector andaluz (Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias) manifestaba hace unos días que "se trata de un acuerdo desequilibrado que pone en peligro sectores clave para Andalucía como la carne de vacuno, los cítricos, el arroz o la aceituna de mesa. Incluso sectores que podrían parecer beneficiados, como el aceite de oliva o el vino, no obtendrán ventajas reales a corto plazo debido a los largos periodos transitorios antes de la plena liberalización". También están en riesgo otros sectores como el de las aves de corral, la remolacha o la miel, cuyos productos podrán entrar desde los países de Mercosur con menos trabas.