La autosuficiencia en la producción alimenticia, la seguridad sanitaria y calidad alimentaria, la sostenibilidad y despoblación rural, es un asunto que a todo ciudadano debiera preocupar.
En estos días, la colectividad agrícola levanta la voz. Pudiese parecer que es un problema de un sector superado por otros más rentables y de moda, pero las reclamaciones del campo ponen sobre la mesa la irracionalidad e incongruencia de las políticas agrícolas y rurales de la Unión Europea (UE) y los políticos de sus países miembros.
Ha tardado la UE muchos años en concienciarse de la importancia de la defensa. Ahora a prisa y desordenadamente se inicia una carrera multimillonaria en gasto para armar los ejércitos en aras a defender la integridad europea.
Mientras iniciamos unas fuertes inversiones en defensa, vamos a dejar en manos extranjeras la producción alimentaria para la población. ¿Cabe mayor incongruencia y ceguera?
Con el campo europeo en abandono galopante, en un hipotético conflicto bélico, un bloqueo naval, o el hundimiento de mercantes, bastaría para dejar Europa desabastecida y su población sin poder alimentarse.
Mas allá de un componente estratégico para la prevención ante guerras, pandemias o desastres naturales que todos deberíamos estar concienciados de apoyar, la ciudadanía debe saber que los agricultores y ganaderos europeos competimos en inferioridad de condiciones con productores de otros continentes por varias razones que enumero:
- Por la seguridad y trazabilidad en la forma de producir.
- Por la limitación de uso de fitosanitarios y antibióticos.
- Por las campañas de control sanitario de la cabaña ganadera.
- Por las prácticas medioambientales.
- Por la burocracia y costes administrativos
- Por los sueldos y cargas sociales.
- Por las innumerables cargas fiscales.
- Por el coste del combustible y los fertilizantes.
Todo ello hace que nuestras producciones sean de mayor calidad, pero por todo ello también más costosas.
A título de ejemplo, para demostrar la calidad y seguridad con la que producimos, citaré dos:
- Tras un problema intoxicativo, Alemania acusó a España de enviar pepinos tratados con productos no permitidos, y el consumo del pepino español se derrumbó. En pocos días España demostró a través de la documentación oportuna, que esos pepinos no eran españoles. La canciller Merkel reconoció la equivocación, e indemnizó a los agricultores españoles con más de 100 millones de euros por las pérdidas causadas.
- Cuando un profesional de la carnicería le sirve un filete español, usted tiene la garantía de que esa carne tiene trazabilidad, de que en España y en la UE se produce con la prohibición de incluir hormonas de engorde en la alimentación del ganado, y que los antibióticos están excluidos de los piensos. Además los ganaderos se ven sometidos a tener que sacrificar miles de animales ante la mínima sospecha de enfermedades que ni siquiera está demostrado se transmitan al hombre.
Eso le da al consumidor una calidad y una seguridad alimentaria, pero intrínsecamente soporta mayor coste de producción frente a países como los de Mercosur que no producen con las mismas restricciones, o incluso Estados Unidos donde los transgénicos y las hormonas de engorde forman parte de su forma de producir.
Por tanto debiera ser el ciudadano consumidor el que liderase la batalla que estos días se libra desde el campo contra las políticas y políticos europeos donde por supuesto quedan incluidos los españoles.
