Las secuelas del apagón

La tensión se masca en el sector eléctrico. Las clavijas han debido conectarse tras la relativa calma agosteña y este septiembre se han calentado los asientos de los consejos de administración de las grandes compañías. Y no tan grandes. Hay muchos frentes abiertos, pero todo sigue pendiente del gran apagón. Han llevado el conflicto al Tribunal Supremo y dejan en el aire las inversiones planteadas en sus planes estratégicos, que amenazan con llevar fuera de España.

Es verdad que todavía faltan algunos informes importantes (como el de la CNMC y el de las autoridades sectoriales europeas), pero las empresas ya se han movido para defenderse contra el informe elaborado por el Comité de análisis de la crisis eléctrica del 28 de abril (se bautizó así). Sus conclusiones, conocidas el 17 de junio, repartían las responsabilidades del cero eléctrico "con un origen multifactorial", es decir, disparando a las compañías privadas y al operador de la red de alta tensión, Red Eléctrica.

Las eléctricas pusieron el grito en el cielo y se quejaron de la información, advirtiendo que analizarían si llevaban el asunto por vía judicial. Las primeras en reaccionar en ese sentido fueron las más grandes, Iberdrola y Endesa, que el pasado julio ya presentaron sendos recursos ante el Tribunal Supremo para invalidar el comité de investigación de Moncloa. Ahora se ha sumado una veintena de empresas, entre las que están Repsol, Naturgy, EDP, Engie, Acciona... y Redeia (filial del grupo público Red Eléctrica), que se consideran implicadas en las conclusiones del informe de manera directa. Fuentes sectoriales apuntan que la lista, en la que figuran también inversores en renovables de menor tamaño y la firma andaluza Acesur Servicios del Olivar, irá en aumento progresivamente.

El objetivo es tumbar la validez jurídica de la investigación oficial del comité, formado por varios ministerios (Transición Ecológica, Defensa. Interior, Transformación Digital y Función Pública) y organismos oficiales (Seguridad Nacional, Consejo de Seguridad Nuclear y el Instituto Nacional de Ciberseguridad). Los demandantes, precisamente, presentaron el recurso en el Alto Tribunal porque consideran que es el que tiene competencias para tratar este tipo de demandas al ser un comité integrado por varios ministerios.

De esta forma, el Supremo se ha convertido en el frente en el que juntan los intereses de los grupos empresariales afectados por el apagón. No es baladí, ya que se baraja una cifra de posibles indemnizaciones que supera los 2.000 millones de euros y que algunos, incluso, duplican.

Todo está por ver. Poner en cuestión la validez legal del comité plantea, de facto, el informe oficial y sus conclusiones sobre las causas del apagón. Es decir, van contra los hechos y persiguen que el TS lo deje sin cobertura. Y, además, al personarse en la causa, las empresas logran acceso al expediente del proceso, algo que siempre supone ventajas. Ese escudo legal es el que también han buscado las firmas que se han sumado a la demanda de las dos grandes.

La aparición de Redeia entre estas abre expectativas sobre cuáles son sus intenciones. El informe del comité también cuestionó al grupo encargado de la red de alta tensión por haber programado menos energía de centrales de ciclo combinado o nucleares, que son las que equilibran las deficiencias o excesos de tensión. Además, fue apuntada con el dedo por las eléctricas en el mismo sentido, a lo que el grupo bajo control estatal les respondió con la misma moneda. En juego están mas de 800 millones de euros por la culpabilidad y la responsabilidad del cero eléctrico. Pero si ganan el recurso se beneficiarán ambos.

El informe concluyó que algunas de las centrales que gestionan las electricas no absorbieron suficiente tensión, a pesar de que cobran por este servicio. La sospecha también recayó sobre plantas renovables que se desconectaron antes de tiempo cuando la tensión empezó a dispararse. Precisamente la insuficiente absorción de tensión y la desconexión de renovables son argumentos que ha manejado Redeia. Si las renovables no se hubieran apagado con ese adelanto, lo habrían hecho dentro de los márgenes estipulados, solo unos instantes después.

Mientras la pelea sigue con las armas en alto, las dos eléctricas que iniciaron el proceso, que han aparcado su rivalidad tradicional para ir juntas en esta causa, han advertido que podrían llevarse inversiones fuera de España. El argumento es que la retribución de las inversiones que propone Competencia no las hace rentables y que las redes están colapsadas, pero lo que palpita en el fondo y en la superficie son las secuelas del apagón.