La justicia de EEUU levanta la paralización del megaproyecto eólico marino de Iberdrola

Nuevo revés judicial para Trump en su ofensiva contra la eólica marina en EEUU. Un juez federal del distrito de Massachussets ha otorgado la medida cautelar solicitada por Iberdrola para Vineyard Wind 1, el mayor parque eólico offshore en construcción del país, frente a la orden de suspensión dictada en diciembre por la Oficina de Gestión de las Energías Marinas, dependiente del Departamento de Interior.

El fallo judicial permite reanudar de inmediato la construcción, puesta en marcha y producción de energía del proyecto, desarrollado por Iberdrola, a través de su filial estadounidense Anagrid, y el fondo danés Copenhaen Infraestructure Partners (CIP).

La decisión cuestiona la política energética de Trump contra la eólica marina, si bien la sociedad Vineyard Wind ha indicado que seguirá trabajando con la Administración de EEUU "para una resolución rápida y permanente del procedimiento".

La medida cautelar llega después de que, a mediados de enero, Vineyard Wind recurriera ante un tribunal federal la suspensión de las obras decretadas por el Gobierno estadounidense para cinco proyectos eólicos marinos en distintas fases de desarrollo.

En el caso del proyecto de Iberdrola, la paralización se produjo con la construcción ya completada en un 95%, con la mayor parte de los aerogeneradores operativos tras meses suministrando electricidad a hogares e industrias de Nueva Inglaterra.

La promotora ha confirmado que continuará produciendo energía y retomará las obras del 5% restante “tan pronto como sea posible”, con la seguridad como prioridad, para garantizar un suministro “asequible y fiable”.

Una inversión de 3.000 millones de dólares

Vineyar Wind 1 es la primera gran apuesta de Iberdrola por la eólica offshore en Estados Unidos, proyecto participado al 50% por la compañía española y por CIP, con una inversión cercana a los 3.000 millones de dólares (unos 2.700 millones de euros), respaldada por contratos a largo plazo con las tres principales eléctricas de Massachusetts.

El parque, que desde principios de 2024 ha ido completando los trabajos de su puesta en marcha, contará con una capacidad total de 806 megavatios (MW), suficiente para abastecer a más de 400.000 viviendas y empresas de la Commonwealth de Massachusetts.

Desde la llegada del nuevo Ejecutivo, las suspensiones de obras, retiradas de permisos y advertencias regulatorias se han multiplicado en el sector de la eólica marina, abriendo un pulso político y judicial que ahora empieza a resolverse en los tribunales.

Junto a este proyecto, la decisión del Ejecutivo de Trump también golpeó a otros parques ‘offshore’ como Revolution Wind (704 MW), de Ørsted; Sunrise Wind (924 MW); Coastal Virginia Offshore Wind (2.600 MW); y Empire Wind 1 (810 MW), desarrollado por Equinor.

La justicia estadounidense, sin embargo, sigue corrigiendo los planes de la Administración Trump con la concesión en las últimas semanas de medidas cautelares similares a otros promotores de eólicas marinas afectados, como Ørsted o Equinor.

La ofensiva contra este tipo de energías ya había puesto en el punto de mira otros dos proyectos de Iberdrola, en concreto New England 1 y New England 2, a los que el Gobierno retiró en septiembre la autorización, aunque en ambos casos las obras no habían comenzado aún.