El pulso de la vicepresidenta Díaz

Era el 3 de febrero de 2022. El pleno del Congreso votaba la reforma laboral que planteaba el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que pertenecía a esta segunda formación, había tirado prácticamente la toalla por su ley estrella de la reforma laboral cuando supo que los dos diputados de UPN votarían en contra. Sin embargo, algo inesperado ocurrió: Alberto Casero, diputado del PP por Cáceres, que había votado telemáticamente desde su casa, apretó el botón del SÍ (lo hizo, incluso, dos veces, porque desde la pandemia se requería que se confirmara el sentido del voto). Petardazo en la derecha. Lo que hubiera sido una derrota histórica para el Gobierno por un voto (175 en contra y 174 a favor) se tornó en victoria: los 175 fueron a favor. De poco sirvieron los intentos del PP, de Vox y del propio Casero de rectificar, vía judicial incluida.

La reforma salió adelante y Díaz, que pasado el tiempo reconocería que tenía decidido dimitir por el fracaso de su propuesta, respiró. Aquella reforma consistía en reducir la temporalidad, primando el contrato indefinido como norma general y limitando las causas de contratos temporales a dos: sustitución y circunstancias de la producción. Se eliminaron los contratos de obra y se equipararon los derechos de los fijos discontinuos con los indefinidos. También se introdujo el mecanismo RED para la gestión de los ERTE (suspender o reducir jornada en situaciones de crisis) y se endurecieron las sanciones por incumplimientos en la contratación. Además, se dio mayor peso a los convenios colectivos sectoriales frente a los de empresa.

Hasta ahí. Luego se acabó la legislatura antes de tiempo y, precisamente, quedó pendiente avanzar en un punto que la ministra ya consideraba importante: la reducción de la jornada laboral. Ese objetivo se quedaba para la agenda progresista de la siguiente legislatura, con la ministra, ya como vicepresidenta segunda del Gobierno. Díaz defendió a capa y espada reducir la semana laboral de 40 a 37 horas y media, a sabiendas de que esta vez iba a ser difícil que hubiera varios Casero que se equivocaran: a los parlamentarios del PP y Vox se habían unido los ocho de Junts. Resultado: 178 a favor de las enmiendas a la totalidad contra 170 en contra.

Díaz, dicen las crónicas, se sintió bastante sola en la defensa de su proyecto. Solo los ministros de Sumar y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños (y este no durante todo el tiempo) asistieron al debate, en los que se desató y mostró su lado más belicoso, sacando a relucir la vena sindicalista que aprendió en casa (su padre, Suso Díaz, fallecido el pasado julio, fue un dirigente histórico de CCOO en Galicia), y desbarró contra Junts, de los que dijo que “representan a la patronal española más reaccionaria”. De paso, recordó que desde 1983, hace 42 años, en tiempos de Felipe González, no se había planteado una reducción de jornada. Un periodo lo suficientemente largo para sacar los colores apelando a los derechos de los trabajadores.

Para los socialistas, enfrascados en la negociación de los Presupuestos, no era precisamente una buena vía que la vicepresidenta atacará de forma tan abierta al grupo catalán en un momento en que acaba de plantear su apoyo a las cuentas del Reino. Otro desmarque, en ese frente, sería de difícil digestión. O, quizá, ya lo daban por descontado a cambio del respaldo a los Presupuestos. Al final, la portavoz de Puigdemont en Madrid, Miriam Nogueras, no rompió la baraja y, al contrario, dejó la puerta abierta para seguir negociando. La reforma laboral y otras cosas, se entiende.

En cualquier caso, Díaz no se cansa. Mantiene el pulso. Por eso, al poco de perder la votación, sacó a consulta pública previa el proyecto de real decreto por el cual se desarrollará el reglamento de registro horario, algo que estaba contemplado desarrollar si salía adelante la reducción de jornada. La ausencia de esta medida ha provocado, según Trabajo y los sindicatos, la proliferación de prolongaciones de jornada que superan los límites legales y, en ocasiones, sin retribuir. Ante eso, el objetivo es endurecer los requisitos que deben cumplir las empresas para el control de la jornada laboral, aunque hay expertos que sostienen que esa medida tendría que pasar por el Congreso y que, además, debería negociarse con la patronal.

Pero los datos no engañan. Precisamente, el pasado miércoles el Ministerio de Trabajo publicó la estadística mensual en la que se muestra que la jornada media pactada por convenio se sitúa ya por debajo de las 40 horas semanales para casi nueve millones de Trabajadores (8.933.500) acogidos a convenios, sobre un total de 21 millones de cotizantes, y para una gran parte es ya de 38,3 horas semanales. En función del tipo de convenio, en los acuerdos de empresa se sitúa en las 37,8 horas de media y en los convenios sectoriales es algo mayor, con 38,36 horas.

Son argumentos que esgrimen los sindicatos frente a las “apocalípticas” razones de Junts y los grupos de derechas. Según los datos ministeriales, en Cataluña casi medio millón de trabajadores (477.567) con convenios tuvieron una jornada media de 37,6 horas, prácticamente la jornada reducida que pretende establecer por ley el Gobierno de coalición.